Nuevas medidas contra el déficit tarifario

En un post anterior, hablábamos de un informe de la Comisión Nacional de Energía en el que se decía que existían incertidumbres que podrían provocar que los peajes para 2013 no fuesen suficientes. Como consecuencia, a principios del mes de febrero el gobierno aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes para tratar de equilibrar el sistema eléctrico en 2013, intentando reducir costes para evitar nuevas subidas en la tarifa eléctrica.

Así, en primer lugar, se establece que todas las metodologías de actualización de retribuciones que estaban vinculadas al IPC (transporte, distribución, régimen especial) pasen a estar vinculadas al IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, con la finalidad de utilizar un índice más estable que no se vea afectado por la volatilidad de los precios de los alimentos no elaborados ni de los combustibles de uso doméstico.

En segundo lugar, se establece una fórmula única de retribución a las instalaciones de régimen especial. Hasta ese momento, los propietarios de las instalaciones de régimen especial podían elegir entre una retribución formada por el precio de mercado más una prima fija u otra basada en una tarifa regulada, que establece un precio fijo a percibir por la instalación. A partir de ahora, las instalaciones se retribuirán a través de una tarifa regulada por cada MWh producido, a no ser que el titular decida percibir exclusivamente ingresos derivados del precio del mercado (sin prima).

Asimismo, a mediados del mes de febrero, el gobierno aprobó un anteproyecto de ley con el objetivo de dotar de un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria destinado a financiar una parte del importe total de las primas a las energías renovables. De este modo se pretende que un previsible desajuste de ingresos no se financie con cargo a las tarifas que pagan los consumidores eléctricos, sino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, los resultados de la liquidación provisional del sistema eléctrico en 2012, efectuada por la Comisión Nacional de Energía, muestran un déficit tarifario en 2012 de 4.281 millones de euros, muy por encima de las previsiones, si bien el ministro de Industria afirma que sin las medidas tomadas en 2012 el déficit habría ascendido a 8.500 millones de euros.

Las reacciones de los agentes del sector eléctrico ante las nuevas medidas han sido dispares. Así, las asociaciones de productores renovables han criticado duramente las medidas y están preparando una estrategia conjunta para enfrentarse a ellas. La Fundación Renovables afirma que el gobierno se equivoca de nuevo al actuar contra las renovables, ya que considera que levantar más barreras a las renovables no impedirá que el déficit de tarifa siga aumentando. Entiende que las nuevas medidas son un parche para garantizar unos pocos ingresos al sistema sin abordar el problema de fondo del método de formación de precios de la electricidad. Por su parte la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) ha pedido una rectificación de las medidas aprobadas, ya que consideran que provocarán la quiebra de las instalaciones termosolares, mientras que los productores de biomasa consideran que la generación eléctrica con biomasa será inviable. También la Asociación de Productores de Energías Renovables ha criticado la improvisación del gobierno en política energética y ha lamentado que se responsabilice erróneamente al sector de las renovables del déficit de tarifa.

Sin embargo, UNESA afirma que las reacciones de las asociaciones solares son desproporcionadas, ya que son las principales causantes del déficit de tarifa, pero hasta ahora los únicos que han financiado la deuda han sido las empresas de UNESA. De este modo, consideran que la nueva regulación permite que no solo las tecnologías tradicionales tengan que soportar la reducción del déficit tarifario.