Australia y su reforma fiscal verde (2)

En una entrada anterior me referí a los rudimentos de la propuesta australiana de Reforma Fiscal Verde para 2012, que pone precio al carbono mediante un sistema coordinado en el tiempo de impuestos y permisos. A la vez, este esquema utiliza la recaudación obtenida para financiar una propuesta de reciclaje, con reducciones en la imposición personal sobre la renta (IRPF) por razones distributivas, asignación de ingresos para contrarrestar los problemas de competitividad internacional y diversos planes adicionales destinados al fomento del ahorro energético, la seguridad energética,  la eficiencia energética y las actividades de  I+D. Hace dos semanas di detalles de la fórmula de reciclaje de ingresos en el IRPF; en ésta completaré la descripción del modelo con los programas de gasto a los que se afectan el resto de ingresos conseguidos con la nueva imposición sobre emisiones.

Programa de apoyo a la competitividad empresarial

El movimiento hacia una economía limpia de carbono abre nuevas posibilidades de actividad y empleo, pero también genera dificultades de competitividad para la industria que compite en el terreno internacional, utiliza tecnologías energéticamente intensivas y genera niveles altos de contaminación, Las industrias del acero, refino, cemento, papel, cristal o aluminio están en esta situación y un impuesto sobre carbono puede afectar a su posición en los mercados internacionales, generando pérdidas de competitividad e incluso movimientos de fuga de emisiones hacia países ambientalmente menos exigentes. Para evitar estos efectos, el Plan australiano de Cambio Climático incluye la financiación de  un Programa de apoyo empresarial como parte de la propuesta de reciclaje:

• Jobs and Competitivenes Program: supone la asignación gratuita de permisos de emisión para las industrias más afectadas, con apoyo financiero directo del 94,5% y del 66% del impacto del precio del carbono según el riesgo estimado de afectación y los niveles de emisión. 
• Clean Technology Program: promueve al apoyo financiero a las empresas con una  afectación de menor intensidad, condicionado a sus iniciativas de reducción de la contaminación y mejora energética. Este apoyo se concreta en dos sub-programas para subvencionar tecnologías bajas en emisiones (Clean Technology Investment Program) y en I+D (Clean Technology Innovation Program).

Programa de apoyo a las energías renovables

La propuesta de reciclaje incluye también la financiación de un programa específico dedicado a la innovación en energías renovables. Su principal iniciativa consiste en la creación de un nuevo organismo semi-público, la  Clean Energy Finance Corporation,  que invertirá los fondos asignados a proyectos innovadores en dos campos: energías renovables, incluyendo geotermía, mareomotriz, viento y solar; y otro tipo de tecnologías limpias, como la cogeneración. 

Programa de Seguridad Energética

El plan incluye también un Programa de Seguridad Energética basado en la creación de un Energy Security Found, dotado con más de 20.000 millones A$ en el bienio 2013-2015 con: a) Compensaciones directas por el cierre de alrededor de 2.000 MW producidos en las centrales de carbón más contaminantes; b) Ayudas financieras al resto de generadores afectados, mediante subvenciones y asignación gratuita de permisos durante un periodo de cinco años, así como préstamos para refinanciar su deuda, a cambio de asegurar la oferta y suministrar información transparente sobre las estrategias seguidas por cada operador para moverse a un escenario tecnológico limpio.

Programa de reducción de emisiones en agricultura, ganadería y explotaciones forestales

La  fijación de precio para el carbono en Australia deja fuera a las emisiones de la agricultura. Sin embargo, para promover la gestión sostenible de las explotaciones y la adopción de las estrategias y tecnologías más limpias, la propuesta de reciclaje incluye un Programa de Incentivos basado en tres líneas de actuación:

• The Carbon Farmer Iniciative, que crea un sistema créditos para iniciativas que reducen emisiones o almacenan carbono – reforestación, reducción de las emisiones de metano del ganado, reducción de la contaminación de fertilizantes, etc. –. Estos créditos serán reconocidos a la hora de computar las obligaciones de Australia, fijadas en el Protocolo de Kyoto, de manera que podrán ser vendidas a las empresas con responsabilidades en los mecanismos de fijación de precios para el carbono.
• Biodiversity Fund, que financia proyectos para establecer, restaurar, proteger o gestionar la biodiversidad de los territorios.
• Carbon Farming Futures, que financia proyectos de I+D+i  para aplicar nuevas prácticas y tecnologías en las prácticas agrícolas sostenibles y limpias.

En cualquier caso, a partir del 1 de julio de 2015, el  sistema habrá de evolucionar hacia un mercado de comercio de emisiones, a partir de un límite de emisiones establecido por el gobierno con el asesoramiento de un nuevo organismo regulador: la Climate Change Authority.  Del juego entre el límite impuesto y las emisiones reales surgirá el precio de cada permiso de emisión, fijado por el mercado a través de subasta, en sustitución del tipo impositivo. El nuevo sistema funcionará con dos válvulas de seguridad: 

• De estabilidad en los límites, que se alcanza mediante fijación anual, pero dando a conocer desde el principio las cifras correspondientes a periodos de 5 años. De este modo, cualquier empresa que inicie actividad o quiera entrar en este mercado conocerá por anticipado las restricciones de emisión para el siguiente quinquenio.
• De estabilidad en los precios, que se alcanzan con la fijación de techos y suelos para los tres primeros años del sistema y con su revisión posterior por parte de la Climate Change Authority.

En todo caso, en esta segunda etapa se mantendrán las asignaciones gratuitas de permisos a las industrias más intensivas en consumo energético y sometidas a mayor competencia internacional. Para el resto de empresas los permisos serán subastados, siendo ésta la fuente recaudatoria para el sector público. 

El Plan australiano de Cambio Climático no menciona a los sectores difusos, salvo para aclarar que no están sometidos al nuevo sistema de impuestos/permisos. Esta exención es especialmente amplia en el caso del transporte, abarcando los combustibles para transporte privado,  transporte ligero y transporte en agricultura, ganadería,  industrias forestales  e industrias pesqueras. Estarán sometidos la aviación y los  transportes marítimo y ferroviario y todavía sigue en discusión la sujeción del transporte pesado por carretera. 

En  la discusión posterior a la presentación del Plan se escucharon diversas voces críticas. Algunos economistas ambientales destacan la amplitud de las excepciones que asume (Spash & Lo 2011); y la oposición lo calificó como una propuesta radical, en  línea con los planes previos que fueron rechazados por el parlamento australiano en 2009. Sin embargo, después del debate  “quizás  más complejo de Australia en tiempos de paz”, en palabras de la Primera Ministra, Julia Gillard, el Plan fue aprobado en octubre por la Cámara de Representantes y el pasado 8 de noviembre por el Senado, con la denominación de “Ley de Energías Limpias”. La entrada en vigor de la nueva ley está prevista para el próximo 1 de julio de 2012.