No parece que este gobierno tenga intención de hacer nada parecido, pero lo cierto es que, tras el accidente de Fukushima, y las reacciones de Alemania o Suiza (en este último caso, la decisión ha sido paralizar las inversiones, pero no cerrar la existentes), esta opción se ha empezado a considerar en Europa, empujada en parte por la opinión pública. De hecho, los test de stress requeridos por la Comisión Europea podrían incluso dar como resultado la necesidad de cerrar, al menos temporalmente, alguna central para realizar las reformas necesarias en su caso. Por tanto, parece razonable analizar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de esta decisión: como muchas decisiones en el ámbito energético, no hay soluciones evidentes, todas tienen pros y contras bajo distintos criterios, y por ello la decisión final que se adopte debe ser acordada mediante un proceso político. Pero eso no quiere decir que no deba estar bien informada técnicamente.
En particular, creo que es interesante mirar los aspectos económicos. Por supuesto, también hay otros elementos a considerar (gestión del sistema, garantía de suministro, impacto ambiental, gestión de residuos, etc., etc.) para poder tomar bien la decisión, pero por ahora concentrémonos sólo en la parte económica pura. En otros países ya se ha hecho algún análisis de este tipo, pero no para España. Ése ha sido el objetivo de un trabajo de investigación realizado por José Ramón Soler, alumno del Máster en Sector Eléctrico de Comillas, y dirigido por Javier García y un servidor.
El estudio ha consistido en simular, mediante un modelo que representa el despacho de energía eléctrica en España en condiciones realistas (por ejemplo, teniendo en cuenta arranques y paradas de grupos, etc), cuál sería el efecto en el coste de operación y en las emisiones de CO2 del sistema eléctrico español en dos escenarios: 2012 y 2020. El primero representaría una decisión drástica, y el segundo supondría un período de ajuste (que básicamente permite mitigar el golpe). Además, se han generado escenarios adicionales que tratan de representar la incertidumbre acerca de algunos parámetros importantes, como la evolución de la demanda, el precio del gas, la producción hidráulica, la producción renovable, o el precio del CO2.
Los resultados muestran que, para 2012, el coste de operación del sistema subiría en unos 2.800 millones de euros al año (entre un 50 y un 60% del coste previsto, equivalente a 11 euros/MWh) y las emisiones de CO2 aumentarían en unas 30 Mt. Esto supone entre un 46 y un 62% de las emisiones del sector eléctrico, lo que parece mucho, pero se hace algo menor si se compara con el total de emisiones españolas. Así, esta reducción supondría un 7% del total de emisiones en 2007, o un 10% del total de 1990. La nuclear sería sustituida completamente por el gas natural (del que existe sobrecapacidad), por lo que no habría problemas de seguridad de suministro.
Para 2020, sí podría ser necesaria más potencia, por lo que se ha supuesto que la potencia nuclear retirada sería sustituida por nueva potencia de ciclos combinados. En este caso, el aumento de coste de operación estaría entre 2.250 y 4.480 millones de euros (entre 5 y 12 euros/MWh, o entre un 28 y un 48% del coste operativo total). Si los precios del gas bajaran (hipótesis no necesariamente probable, pero sí posible), entonces los costes se reducirían a la mitad. Las emisiones de CO2 aumentarían 28 Mt entre un 20 y un 35% respecto al escenario de referencia (menos que antes, porque el sector emite más por la mayor demanda, con respecto a 1990 o 2007 el porcentaje de aumento es parecido. ¿Y si hubiera más renovables? Hemos analizado un escenario con 45 GW de eólica, y las cosas no cambian mucho en cuanto a costes operativos y emisiones, un 6% menos.
Otro aspecto que también se podría analizar es el impacto de una decisión como esta sobre los precios para los consumidores: como en cualquier mercado, el que los costes cambien no quiere decir que lo hagan los precios. Y de hecho, en España los precios cambiarían muy poquito, porque la nuclear casi nunca fija el precio del sistema. Dicho de otra forma: los consumidores no notarían mucho el cambio a corto plazo, el aumento de coste sería asumido casi totalmente por los productores.
En todo caso, los detalles pueden consultarse directamente en el informe completo.
Para terminar: nótese que estoy hablando del cierre de centrales existentes, no de los efectos de nuevas centrales. Los números en este último caso no tienen nada que ver, como indica por ejemplo este paper.
Muy interesante entrada y muy útil en estos momentos (aunque el gobierno no se plantee cerrar centrales, el contrafactual puede usarse para valorar por ejemplo la extensión de las vidas útiles, que sí parece en la agenda política). Creo que está muy bien dejar claro que las decisiones sobre la nuclear tienen sus efectos y no solo en términos de costes sino también climáticos. En su presentación de Madrid hace unos días (que se puede ver en nuestra página de actividades), Andreas Loschel ilustraba los fuertes efectos que producirá el cierre nuclear alemán no solo sobre Alemania sino también sobre el resto de Europa. Lo que es muy sugerente en vuestro trabajo, Pedro, es cómo los efectos de una medida de este tipo son asumidos, fundamentalmente, por los productores. Al menos en el corto plazo...
ResponderEliminarInteresante que se estudie el impacto del cierre de nucleares. La energía nuclear ha sido, y sigue siendo tabú, durante mucho tiempo y debemos hacer análisis para su retroceso o avance. Alargar vida de instalaciones con diseños de hace más de 50 años, o mantener combustible 'quemado' en las plantas sin determinación alguna futura, no son soluciones sensatas. Debemos estar muy pendiente de la experiencia alemana pues nos aportará experiencia. No comparto la idea de que el coste económico del cierre pueda ser asumido por productores... desgraciadamente.
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