En uno de los últimos Documentos de Trabajo de 2011, la UE ha vuelto a insistir en el papel relevante de la imposición ambiental en un marco de crisis económica y consolidación presupuestaria. El Documento, con el sugestivo título de “Quality of Taxation and the Crisis”, certifica el cambio – modesto – de las estructuras fiscales de la UE a favor de la imposición ambiental sobre el consumo y en sus conclusiones destaca los resultados empíricos que avalan un comportamiento más dañino al crecimiento de la imposición sobre la renta – personal y societaria - frente a los efectos menos perniciosos de la imposición sobre el consumo, la propiedad y el medio ambiente. Importantes argumentos, como vemos, para el debate que actualmente domina la escena fiscal en España.
En las recetas fiscales que se manejan actualmente en nuestro país no se contemplan prescripciones referidas a la imposición energético-ambiental –IE-A en adelante-. Parece un error notable. Obviamente, los IE-As pueden tener repercusiones negativas sobre Producto Nacional Bruto y Crecimiento, pero eso es lo que nos dice la función de producción para todo tipo de impuestos. Lo que importa, por lo tanto, es valorar esa incidencia negativa en términos relativos y enfrentarla a los efectos positivos que asegura.
Los impactos dependerán de cómo se definan los cambios en los impuestos. La UE se refiere siempre a IE-As sobre sectores difusos – básicamente, consumos privados de gasóleos, gasolinas, gas y electricidad – y los enmarca en modelos generales de Reforma Fiscal Verde – RFV en adelante - , aplicando la recaudación adicional que generan a la reducción de las Cotizaciones Sociales – CC.SS. en adelante - . La reciente Propuesta de Directiva sobre Imposición Energética es muy clara en este sentido.
Si las condiciones son esas, gana enteros el papel de la IE-A en un escenario de consolidación presupuestaria y objetivos de crecimiento. Por varios motivos :
- Los IE-As serían aplicados sobre los sectores difusos y básicamente gravarían los consumos energéticos internos de particulares y familias. Este sería un diseño que no plantearía problemas de superposición con los Mercados de Derechos de Emisión, ni crearía problemas adicionales de competitividad.
- Supondrían un incremento recaudatorio considerable. Las estimaciones realizadas por Xavier Labandeira cifran la recaudación adicional entre 2.000 y 8.000 millones anuales de euros, según la fórmula elegida y el ritmo de reforma implantado.
- Los IE-As causarían efectos favorables en términos de ahorro energético y reducción de emisiones, lo que facilitaría el cumplimiento de los compromisos asumidos por España a nivel europeo e internacional.
- Si, como sugiere la Propuesta de Directiva sobre Imposición Energética, vinculamos los cambios en los IE-As a una propuesta de RFV, podríamos reducir las Cotizaciones Sociales y los costes laborales, con efectos favorables para la creación de empleo.
En sentido contrario, la evidencia empírica disponible avala el creciente consenso sobre el limitado impacto de este tipo de reformas, que incluso puede ser positivo, sobre producción, empleo y competitividad. (Es muy interesante al respecto el trabajo de Speck, S., Summerton, P., Lee, D., Wiebe, K. 2011. Environmental taxes and ETRs in Europe: The current situation and a review of the modelling literature, en la excelente monografia editada por Ekins, P., Speck, S. (Environmental Tax Reform (ETR). A Policy for Green Growth, Oxford University Press).
En definitiva, poner precio con la IE-A a las emisiones de CO2 en un modelo de RFV aportaría recursos adicionales a las arcas del estado, favorecería la creación de empleo y el ahorro energético y ayudaría a cumplir los compromisos asumidos en las estrategias europeas de mix y eficiencia energéticos y emisiones de CO2. La argumentación anterior deja abierto el problema real de la incidencia distributiva de estas reformas, que exige algún tipo de compensación en el esquema de reciclaje de ingresos que se apruebe.
“Gravar un mal para conseguir un bien”. Esta puerta, que la UE vuelve a abrir, conduce a un horizonte reformista que desde hace tiempo suscriben también la OCDE y el IBRD-World Bank (véase su informe: Environmental Fiscal Reform. What Should Be Done and How to Achieve It, Washington, 2005). Luego de los incrementos en la imposición personal del paquete urgente de medidas del pasado mes de diciembre, el ajuste presupuestario de marzo próximo puede requerir nuevos incrementos impositivos. Quizás fuese ese el momento de subirnos a la ola europea y apostar por un incremento de la Imposición Energético-Ambiental en un marco de Reforma Fiscal Verde.
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