A finales del año pasado, WWF y ECOFYS publicaron el EU Climate Policy Tracker 2011. Se trata de un documento, publicado por primera vez en 2010, que analiza la implementación políticas energéticas y climáticas por parte de los Estados Miembros de la U.E. y valora su progreso hacia una fuerte descarbonización en 2050 (reducción de las emisiones de entre un 80% y un 95%) utilizando energías renovables. Estudian las políticas energéticas y climáticas en general y, específicamente, en los sectores de suministro de electricidad, industria, construcción, transporte, agricultura y silvicultura, considerando tanto las políticas relacionadas con las renovables como las políticas de fomento de la eficiencia energética. Una vez analizadas estas políticas, las clasifican en un ránking de la A a la G, de manera similar a la clasificación utilizada en las etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos. Asimismo, en 2011 comparan la situación en cada caso con la situación existente en 2010.
La valoración de la política climática general de la U.E. es muy baja (letra F), ya que a pesar de que se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y un 95% en 2050, el objetivo no es vinculante y no existe una estrategia climática más allá de 2020, mientras que las estrategias de innovación, así como la cantidad de recursos destinados a I+D en energía y cambio climático se determinan principalmente en cada Estado Miembro. En este contexto, sus principales recomendaciones son reforzar significativamente las políticas comunitarias, mejorando las existentes (revisión del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, introducción de un impuesto sobre el CO2, endurecimiento de los requisitos de eficiencia de los turismos y de los estándares en la Directiva de diseño ecológico y orientación a los Estados Miembros sobre el modo de fomentar la modernización, favoreciendo la eficiencia energética y la utilización de energías renovables, dentro de la Directiva de eficiencia energética de los edificios) e introduciendo nuevas políticas para cubrir lagunas existentes (acuerdo vinculante sobre objetivos y estrategias más allá de 2020, objetivos más ambiciosos de ahorros energéticos hasta 2020, objetivos explícitos de rediseño de productos para hacerlos menos intensivos en material, más duraderos y 100% reciclables, legislación sobre transporte de mercancías por carretera, ferrocarril y barco, así como una perspectiva climática a largo plazo de la política agrícola de la U.E.)
España obtiene la misma calificación global que el año anterior (letra E), si bien el informe considera que existe una evolución negativa con respecto a 2010. Explican que se han producido avances con la introducción de diferentes programas que favorecen el aumento de la eficiencia energética y el ahorro de energía en el transporte y la construcción, si bien algunas medidas son solo temporales. Sin embargo, consideran que estos avances se han visto contrarrestados por otras políticas, como la reducción de las primas a la energía eólica y solar, la prolongación de las subvenciones al carbón ,el incremento de la vida útil de las centrales nucleares o la reducción de los objetivos de aumento de las energías renovables en 2020. Por ello, proponen una serie de medidas urgentes, como la revocación de la reducción en el objetivo de renovables para 2020 establecida en el Plan de Energías Renovables, una mayor coherencia en las políticas energéticas, dando prioridad a la reducción del CO2 mediante la eliminación de las subvenciones al carbón y el incremento del apoyo a las renovables, así como la introducción de medidas para reducir las emisiones en el sector del transporte.
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