Durante los últimos años, la eficiencia energética ha cobrado una creciente importancia como medida para reducir la demanda de energía y sus emisiones asociadas. Sin embargo, y a pesar de que algunos economistas ya están trabajando ello, es menos frecuente escuchar hablar sobre eficiencia energética en edificios. En un primer momento cabría preguntarse qué tiene que ver el aislamiento de un edificio o los sistemas de calefacción y aire acondicionado con la economía. Por esto quiero aprovechar mi primera entrada en el blog para contribuir en la difusión de esta línea de investigación.
El conjunto de edificios existente constituye una fuente de consumo de energía muy importante (40% aproximadamente en Europa) y los expertos en la materia advierten del gran potencial existente para reducir la demanda de energía de manera coste-eficiente. Además de una serie de beneficios directos como la reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, la reducción de la dependencia energética de los estados o el ahorro en la factura del gas y la electricidad para los consumidores, la eficiencia energética representa un sector con grandes oportunidades para la creación de empleo y riqueza. Sin embargo, a pesar de los beneficios que ofrece este sector, los agentes implicados siguen siendo reacios a invertir en eficiencia energética. Esto es lo que se conoce como “la paradoja de la eficiencia” que ya ha sido estudiado con más detalle en alguno de los trabajos de la sección de publicaciones. Una de las explicaciones para este fenómeno es la existencia de una serie de barreras que impiden la introducción de medidas de eficiencia energética. Es entonces cuando se requiere la intervención de las autoridades públicas para subsanar los fallos que presenta el mercado. Pero, si queremos diseñar políticas de eficiencia energética, es fundamental tener en cuenta que los edificios son un producto con características muy particulares. Así, las decisiones que se toman en relación a las viviendas son mucho más complicadas e importantes que por ejemplo las que se toman para la compra de electrodomésticos. En estas decisiones intervienen muchos agentes que generalmente atienden a intereses diferentes (constructor/comprador o arrendador/arrendatario). Factores como este o las grandes necesidades de financiación que se requieren para llevar a cabo reformas en los edificios hacen que determinadas barreras sean mucho más importantes en este sector.
Se hace por tanto indispensable y justificable una serie de políticas que faciliten la difusión, el acceso a capital, etc. Un ejemplo de ello es la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo relativa a la eficiencia energética de edificios. En ella se introduce un sistema de certificados para los edificios muy similar al que ya se introdujo hace años para electrodomésticos. Atendiendo a esta directiva, los estados miembros deben crear un procedimiento por el cuál en el momento de compra o alquiler de una vivienda, los propietarios deben presentar un certificado donde consta el consumo medio de energía que necesita esa vivienda para mantener unas condiciones de temperatura estándares. Los agentes encargados para el peritaje de la vivienda, basándose en una metodología común, asignarán un valor al certificado de la A a la G que permitirá a los consumidores tener la información necesaria para valorar y comparar las demandas de energía de las viviendas. En España esta normativa se recoge “en parte” en el Real Decreto 47/2007 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Hasta el momento solo 8 Comunidades Autónomas han creado un registro para los certificados (esto junto con el hecho de que no se aplique a todas las viviendas ha supuesto que la Comisión Europea lleve a España frente a los tribunales por incumplimiento de la directiva). Al mismo tiempo, es de esperar que el nivel energético se vea reflejado en el precio de la vivienda. De esta manera se crean incentivos para que los agentes inviertan en eficiencia y la intervención pública sería menor.
En las próximas semanas será colgado en el apartado de publicaciones un working paper donde se hace una descripción más detallada del contexto en que se encuentran los certificados y a la vez un resumen de toda la literatura disponible hasta el momento sobre este tema. La literatura se basa en el cálculo de la prima asociada al precio de la vivienda certificada y la disposición a pagar de los consumidores por viviendas y espacios comerciales eficientes. Hasta ahora los trabajos empíricos relacionados con este tema son muy escasos ya que se enfrentan a la importante escasez y dificultad para obtener datos.
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