El Ministro socialista francés de Ecología Philippe Martin acaba de asegurar a los aliados ecologistas que el gobierno tiene previsto crear "una contribución clima-energía”, para alentar a particulares y empresas a tener comportamiento más "verde", gravando fiscalmente los consumos de energías contaminantes. Sin embargo no proporcionó ningún detalle sobre sus características. Para saber más sobre este nuevo impuesto sobre el carbono, tenemos que remontarnos años atrás para analizar otros intentos de llevarlo a cabo.
En mayo 2007, los científicos del IPCC llamaron urgentemente a reducir las emisiones del dióxido de carbono (CO2). Entre las medidas mencionadas, la principal es un impuesto sobre las emisiones de CO2, del que Suecia da ejemplo desde 1991. En otoño del mismo año y durante el 'Grenelle del medio ambiente' organizado por Nicolas Sarkozy, varias ONGs, entre ellas la Nicolas Hulot Foundation, proponen este impuesto. Pero una 'verdadera divergencia' aparece con el Medef (sindicato patronal), que reclama compensaciones. Desde 2005, la gran industria europea aceptó el Mercado de Derechos de Emisión (EU-ETS) como plataforma para el intercambio de los derechos a contaminar, y no quieren cambiar estas reglas y añadir más gravámenes.
Año 2008. El impuesto sobre el carbono es rechazado por el Ministro de la ecología, Jean-Louis Borloo, donde destaca su extrema complejidad.
Año 2009. Durante el verano, la idea resurge en un comité de expertos, iniciado por Jean Louis Borloo y presidida por el ex-primer ministro Michel Rocard. El objetivo del impuesto es cambiar los comportamientos, mediante una ‘señal de precio’, de los hogares y empresas que consumen combustibles fósiles (Petróleo, gas, carbón), principales responsables del calentamiento global. Esta ‘contribución’ no debe tener un impacto en el poder adquisitivo, sino que tiene que alentar al ahorro de energía y cambiar los hábitos gracias a un ‘desplazamiento en la fiscalidad’.
En el otoño de ese mismo año, Nicolas Sarkozy presenta su proyecto de ley y compara la importancia de este impuesto a la abolición de la pena de muerte. Este impuesto debía incluir, a partir de 2010, el consumo de gas, petróleo y carbón. No se aplica al consumo de electricidad, a pesar de la petición de los ecologistas que denunciaron entonces una ‘prima al nuclear’. Sobre una base de 17 euros por tonelada de CO2, se compensaría lo recaudado para reducir impuestos, en un orden de cientos de euros, en hogares con niños. Los hogares no sujetos al impuesto sobre la renta recibirían un ‘bono verde’ del mismo importe. Este sistema pretende favorecer a aquellos que utilicen menos energía contaminante, ya que pagan menos impuesto carbono y se benefician de compensaciones. Para las empresas, el impuesto podría ser compensado por la supresión del impuesto profesional. Pero la medida fue impopular, ya que dos tercios de los franceses temían este nuevo impuesto.
En diciembre, el proyecto, que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2010, fue censurado por el Consejo constitucional. En efecto, el proyecto de ley crea demasiadas excepciones. Somete a contribución solo a menos de la mitad de las emisiones de gases a efecto invernadero. Están exentas las centrales térmicas de generación de electricidad, las emisiones de los 1018 emplazamientos industriales más contaminantes' (refinerías, fábricas de cemento,…) y el transporte aéreo y por carretera. El 93% de las emisiones de origen industrial, excluido el combustible, no están gravadas en la ley. El Consejo afirmó que su objetivo de 'establecer instrumentos que permitieran reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero' no podía ser alcanzado. El hecho de que la imposición estuviera dirigida más hacia los hogares, en lugar de hacia las empresas crearía una 'ruptura' de la igualdad ante dicho impuesto.
Año 2010. Nicolas Sarkozy renuncia al impuesto sobre el carbono. François Fillon, su primer ministro, sostiene que debe hacerse a nivel europeo para “no minar la competitividad” de las empresas francesas. Prefiere dar prioridad a la lucha contra el déficit, empleo, competividad y crecimiento. Un doloroso revés para la derecha, que se tuvo en cuenta como fallo importante de la era Sarkozy.
Año 2012. También en Europa, la idea de un impuesto al carbono es difícil de aceptar. Desde el 1 de enero las compañías aéreas cuyos vuelos transitan por la UE deben compensar un 15% de sus emisiones de CO2. Pero el impuesto sobre el carbono en el aire es rechazado por muchos países, por lo que la UE comenzó a enfrentarse con casi tosas las compañías aéreas mundiales. También por el lado de los fabricantes, Airbus se muestra molesta. Por lo que a final de año Europa renuncia y congela el impuesto hasta el otoño 2013.
Año 2013. En junio, el impuesto sobre el carbono reaparece otra vez. El Comité para la fiscalidad ecológica, presidido por el economista Chistian de Perthuis, propone introducir una “base imponible al carbono” en la fiscalidad de la energía. Este componente de la fiscalidad energética no debe tener efecto notable durante el primer año gracias a una disminución de impuestos de energías limpias (bajas en carbono). Su aumento se efectuaría después de manera progresiva. El escenario de Christian de Perthuis se basa en un sistema de compensaciones destinadas a redistribuir los nuevos ingresos fiscales a los hogares y a las empresas (5 millones de euros estimados en 2020).
En julio, los diputados ecologistas proponen una ley de crear una contribución clima-energía. Propone que ‘todos los consumos energéticos, incluida la energía nuclear, estarán sujetas a la contribución’, y que ’los importes percibidos de los hogares en virtud de esta contribución son devueltos a las familias’.
El anuncio de este impuesto, aún bastante vago, plantea numerosas cuestiones. ¿Quién pagará? ¿Cuál es la diferencia con la propuesta censurada en 2009? ¿Cuál será el impacto de este impuesto en las empresas y los hogares?
El gobierno, con este impuesto, va a tener que gravar a las empresas evitando tocar sectores como el del automóvil o el transporte, que son altamente dependientes a las energías contaminantes. Por esta razón es indispensable practicar, con suma cautela, un sistema de compensaciones. Por lo tanto, las empresas podrían ser compensadas con una reducción de sus cotizaciones de empleo. El mismo problema se aplica a los hogares, ¿cómo gravar sin perjudicar a los hogares más pobres? Esta es la dificultad de esta actuación contra los gases de efecto invernadero.
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