Desde hace ya tiempo es muy frecuente leer y escuchar en diversos medios (incluido este blog) que es fundamental aumentar el nivel de eficiencia energética de nuestra economía, tanto en los sectores industrial y servicios, como a título personal en el sector residencial y transportes. La razón es que a nivel europeo la eficiencia energética se ha convertido junto a las energías renovables en uno de los pilares sobre los que construir un futuro en el que seamos más competitivos y menos dependientes energéticamente, al tiempo que mitigamos los efectos del cambio climático. Por ello, cada vez son más numerosas y diversas las políticas públicas destinadas a promover la eficiencia energética que, gobiernos, no solo europeos sino de todo el mundo, están poniendo en marcha. Este aluvión de políticas, algunas de ellas novedosas, reciben una importante dotación económica por parte de los gobiernos. Sin embargo, para evaluar la efectividad de estas políticas es fundamental poder medir la eficiencia energética de manera preciosa, y aquí es en donde surgen los problemas, porque esta no es una labor fácil.
El nivel de eficiencia energética trata de expresar el grado de optimización del consumo energético relativo a una cierta actividad, de manera que cuando conseguimos realizar esa misma actividad con menos energía, estaremos incrementando nuestro nivel de eficiencia energética. Sin embargo, ¿cómo medimos ese cambio? ¿Qué factores tenemos en cuenta para establecer comparaciones? Hasta ahora un indicador fácil e intuitivo ha sido la intensidad energética, es decir, la cantidad de energía utilizada por unidad de producción. En el caso del sector residencial, también se han utilizado indicadores como la demandan de energía por edificio, o menos frecuentemente por m2. A pesar de que estos ratios nos permiten tener una idea aproximada de la situación, a la hora de hacer evaluaciones precisas, son muchos los vacíos que se encuentran, ya que estos indicadores no tienen en cuenta entre otras cosas las variaciones climáticas, tanto entre los países como las que sufre un país a lo largo del tiempo; el tamaño de los hogares; el tamaño del sector industrial en la economía, y otros muchos factores de los que ya hemos tratado en este blog.
Para saber hasta qué punto podemos basar las decisiones políticas y su correspondiente aporte económico en estos indicadores, uno de los investigadores afiliados a Economics for Energy, Massimo Filippini junto con otros investigadores ha aplicado la metodología conocida como ‘Stochastic Frontier Approach’ (Aigner, Lovell y Schmidt, 1997), ampliamente utilizada en otros campos, al estudios de la eficiencia energética. La ventaja de esta metodología es que permite incorporar todos esos factores de los que ya hemos hablamos, además del precio de la energía, al cálculo de la eficiencia energética. A partir del Stochastic Frontier Approach, es posible estimar lo que el autor define como ‘underlying energy efficiency’, que no es más que la distancia que separa a cada economía de la combinación óptima de inputs necesarios para producir un determinado servicio, aplicado en este caso a la energía. Los autores han aplicado este análisis a diferentes bases de datos, tanto de EE.UU. como de otros países de la OCDE, y tomando como objeto de estudio la demanda energética de la totalidad de la economía o de un sector en particular, como es el caso del sector residencial.
La conclusión a la que llegan estos autores es que, a pesar de que en ocasiones la intensidad energética es un buen indicador de la eficiencia energética, esto no siempre sucede. Una vez que incorporamos el resto de factores importantes, el estimador de la ‘underlying energy efficiency’ muestra variaciones con respecto a la intensidad energética, y por lo tanto, esta puede estar dibujando una realidad equivocada, lo que nos estaría llevando a tomar decisiones incorrectas, desviándonos incluso del objetivo último de reducción del consumo energético. Sin duda será fundamental profundizar en el análisis del cálculo de la eficiencia energética para continuar con la evaluación de las políticas.
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