Eficiencia y equidad y las medidas de mejora energética de las edificaciones

Como ya hemos adelantado, próximamente colgaremos un documento de trabajo sobre eficiencia energética en edificios donde contextualizamos el sector, describiendo las dificultades a las que se enfrenta y los efectos de las políticas públicas que han sido llevadas a cabo hasta el momento. Además, en ese documento presentamos un paquete de políticas dirigidas a facilitar la introducción de medidas de eficiencia energética que son capaces de complementarse para obtener una mayor efectividad. En este post, analizo con más detalles y aportando algunos datos para España, dos de las principales barreras existentes en el mercado residencial, que deben ser tenidas en cuenta desde el punto de vista de la eficiencia pero también de la equidad: el problema del ‘principal-agente’ y el acceso a financiación.

El problema del ‘principal-agente’ en edificios se produce cuando la parte encargada de tomar decisiones de inversión no es la parte que se aprovechará de los beneficios derivados de tal inversión. Como consecuencia, la falta de incentivos de la parte que decide, da lugar a niveles de inversión sub-óptimos. Esta situación se puede producir en los edificios en fase de construcción entre el promotor y el comprador y en los edificios ya existentes, en régimen de alquiler, entre el propietario y el arrendatario. Por ejemplo, en las viviendas en régimen de alquiler, el encargado de realizar mejoras en el aislamiento o cambiar los sistemas de calefacción o aire acondicionado es el propietario, sin embargo, la parte que se beneficia de los ahorros energéticos provocados es el arrendatario (siempre y cuando las facturas de la energía no estén incluidas en el precio del alquiler). Por lo tanto, el propietario no tiene incentivos a invertir. Existen varios estudios de carácter académico que utilizan datos de encuestas en EE.UU y estiman una menor probabilidad de tener equipamiento eficiente cuando el ocupante de la vivienda no es el dueño. Uno de ellos encuentra que en 2003, existía una probabilidad del 13% de que la vivienda tenga un determinado nivel de aislamiento de las pareces exteriores o un 20% de aislamiento en el techo cuando es el propietario el que ocupa la casa.

Estos resultados me llevan a consultar los datos de la encuesta del Panel de Hogares de la Unión Europea de 2001, disponibles en el INE para España y encuentro que:

• El 22,2% de los hogares que viven en régimen de alquiler presentan luz natural insuficiente frente al 10,2% en régimen de propiedad.
• El  10,9% de los hogares que viven en régimen de alquiler presentan goteras, frente al 8% en régimen de propiedad.
• El  18% de los hogares que viven en régimen de alquiler presentan humedades frente al 13% en régimen de propiedad.
• El 6,2% de los hogares que viven en régimen de alquiler presentan podredumbres en suelos o ventanas de madera, frente al 2,8% en régimen de propiedad.

Esta situación es más grave aún si tenemos en cuenta que la mayor parte de hogares en régimen de alquiler pertenecen a familias de ingresos bajos, como cabría esperar. Nos enfrentamos entonces a un problema, no solo de fallos de mercado sino de equidad social. Los hogares con rentas bajas están especialmente perjudicados por el problema de los incentivos separados pero también por la mayor dificultad para acceder a financiación.

A pesar de que los ahorros futuros de energía pueden compensar los costes iniciales de las medidas de eficiencia energética, estos costes iniciales son muy importantes. El mayor problema para afrontar esos costes se encuentra en los sectores con rentas más bajas, donde el acceso a la financiación es más complicado y, lo que es más importante, que suele ser el grupo de población que vive en edificios más viejos o de peor calidad (no solo los que viven en régimen de alquiler sino también de propiedad). Existe una creciente literatura que relaciona la ‘pobreza energética’ (tema ya tratado en este blog), los edificios más ineficientes y los sectores de menores ingresos. Consultando de nuevo los datos de los que dispone el INE, en este caso la encuesta de Hogares y Medio Ambiente de 2008 encontramos que:

• El 22,7% de las viviendas con ingresos netos del hogar menores de 1.100 euros/mes presentan doble cristal frente al casi 50% de las viviendas entre 1.101 y 1.800 euros/mes y el 61,7% de las viviendas de más de 2.700 euros/mes.
• El 75,4% de las viviendas cuyos ingresos netos del hogar son menores de 1.100 euros/ mes, presenta algún tipo de luz de bajo consumo, frente al 87% del tramo de 1.100-1.800 y el 93% de más de 2.700 euros al mes.
• A pesar de ello, el 93,5% de los hogares del tramo de menos de 1.100 euros/mes presenta algún tipo de aislamiento térmico, frente al 98,7% del tramo de más de 2.700 euros al mes.

En cuanto al porcentaje de viviendas que disponen de electrodomésticos con calificación energética A, A+ o A++: El 22,2% de las viviendas con ingresos netos menores de 1.100 euros/mes tienen frigoríficos eficientes frente al 55,5% de viviendas con más de 2.700euros/mes. Y los porcentajes se repiten de manera muy similar para el caso de lavadoras, secadoras y lavavajillas.

Lo que se desprende de estas cifras es que los hogares que más invierten en eficiencia energética son aquellos con mayores ingresos. Los resultados de esta misma encuesta muestran que un 89,4% de las viviendas con menos de 1.100 euros/mes otorgan importancia al consumo o eficiencia energética frente a un 94,6% del tramo de 1.101-1.800 euros/mes, el 95% del tramo de 1.801-2.700 y 97,3% del tramo de más de 2.700 euros/mes. Sin embargo, cabría esperar que las viviendas con menores ingresos sean las más interesadas en reducir sus consumos de energía. Por lo tanto, este análisis tan superficial de los datos sugiere que las familias con menores ingresos no son capaces de hacer frente al coste de las inversiones en eficiencia energética. Este hecho puede deberse en parte a un menor nivel de estudios o conocimiento de estos productos en los sectores de menores ingresos.
Como conclusión, los datos evidencian una serie de situaciones que deben ser estudiadas en detalle y  tenidas en cuenta a la hora de diseñar nuevas políticas de eficiencia energética, para cualquiera de los productos, y en concreto para los edificios. En primer lugar, existe un problema de equidad que hace necesaria la actuación pública y en segundo lugar, es necesario un diseño apropiado de las medidas llevadas a cabo para que logren los efectos esperados. De nada valen los instrumentos económicos como subvenciones o impuestos sobre consumos que no crean incentivos en la parte encargada de invertir (el propietario). En el paquete de políticas que presentaremos en el documento de trabajo, este problema queda resuelto al utilizar diferentes políticas que se complementan entre sí y son capaces de mitigar todas las barreras del mercado, tanto residencial como comercial.