Las propuestas de la CNE para abordar el problema del déficit tarifario

En un post de septiembre y en otro de diciembre ya he hablado del problema del déficit de tarifa en el sector eléctrico español. En la actualidad este déficit asciende a 21.812 millones de euros, por lo que a principios de este mes la Comisión Nacional de Energía (CNE), respondiendo a un encargo del Ministerio, elaboró y publicó un informe sobre medidas de ajuste regulatorio que se pueden llevar a cabo en los sectores energéticos, principalmente para abordar el problema del déficit tarifario.

Centrándonos en el déficit de tarifa, la CNE propone medidas con impacto a corto plazo para eliminar el déficit, reducir los costes de financiación de la deuda y definir claramente los costes de acceso que deben recaer sobre los consumidores. Además, también recomiendan medidas con impacto a medio plazo, destinadas a lograr mayor eficiencia en la regulación.

Las medidas a corto plazo están destinadas a eliminar las ineficiencias en la regulación de las actividades y costes regulados, así como las partidas de coste que deberían de excluirse de los peajes de acceso, con el objetivo de lograr que las tarifas únicamente recojan costes que realmente deben recaer sobre el consumidor. Consideran medidas en 4 áreas:

1. Medidas sobre los costes y las actividades reguladas: consideran que hay que revisar los costes de las actividades reguladas, así como los mecanismos de actualización anual de estos costes, vinculándolos a mejoras de eficiencia, si bien transitoriamente proponen una revisión a la baja de las actualizaciones. Proponen medidas concretas en relación con la amortización de activos en la retribución del transporte, el aplazamiento de inversiones de transporte previstas, la revisión de la retribución de la distribución, la armonización de la prima de la solar termoeléctrica con respecto a su tarifa regulada, la limitación al 5% del uso de combustibles fósiles de apoyo para tecnologías del régimen especial, la supresión de los gastos de naturaleza recurrente en los costes de compensación extrapeninsular, el incremento de los factores de eficiencia y la revisión de la tasa interna de rentabilidad de todas las actividades reguladas, así como medidas sobre el mecanismo de financiación y cesión del déficit tarifario.

2. Medidas para trasladar costes de acceso a costes de energía: proponen que la retribución al Operador del Sistema y los costes de interrumpibilidad de los grandes consumidores, que actualmente se consideran costes de acceso, pasen a considerarse costes de la energía, al igual que otros costes de servicios del sistema

3. Medidas sobre actividades no reguladas con impacto en el déficit: proponen, en primer lugar, la eliminación del mecanismo de restricciones por garantía de suministro. Además, dada la situación actual de exceso de capacidad de generación, consideran que deberían suprimirse los pagos por disponibilidad y reducir los pagos a la inversión.

4. Medidas de externalización de costes de los peajes de acceso: consideran que se deben eliminar de la tarifa partidas de costes que no deberían recaer sobre el consumidor, como la compensación a las extrapeninsulares o el Plan de Acción de la estrategia energética. Con respecto a la financiación del coste de las primas del Régimen Especial, consideran que una parte se debería realizar de forma externa a los peajes de acceso y proponen utilizar parte de los ingresos de las subastas de CO2 para financiar parcialmente este coste. Además, dado que el sector eléctrico supera ampliamente el 20% de renovables, mientras que otros sectores no alcanzarán ese porcentaje, proponen repartir el coste de la prima de las renovables correspondiente al exceso sobre el 20% entre el resto de sectores energéticos, ya estamos ante una política energética global y, por tanto, la financiación de su extracoste no debería afecta en exclusiva a los consumidores eléctricos. Alternativamente, proponen financiar este coste con cargo a presupuestos.

De este modo consideran que se podría lograr una disminución significativa del déficit, aunque no su desaparición, por lo que proponen incrementar progresivamente los peajes de acceso para cubrir los costes de acceso que realmente deben recaer sobre el consumidor eléctrico. Así, argumentan que si se adoptan las medidas propuestas, un incremento anual del 2% en los peajes hasta 2015 permitiría alcanzar la suficiencia tarifaria en 2016, mientras que un incremento anual del 3% hasta 2014 permitiría alcanzarla en 2015 (si bien quedarían, respectivamente, 3.143 y 2.130 millones de euros de déficit acumulado pendientes de financiación)

En relación al déficit existente, dado que su incorporación como mayor coste de acceso en el ejercicio siguiente provocaría variaciones artificiales en los peajes de acceso, impidiendo lograr una senda de ajuste progresivo y estable en los peajes, proponen mitigar su impacto laminando la senda temporal de las primas que recibirán las centrales solares termoeléctricas inscritas en el registro de preasignación, pero sin acta definitiva de puesta en servicio. Se centran en esta tecnología porque consideran que es la tendrá mayor grado de penetración en el medio plazo y con mayor impacto en los peajes. Asimismo, también analizan las ventajas e inconvenientes de otras opciones recaudatorias, aplicadas en otros países, que se podrían utilizar para financiar el déficit existente: impuestos sobre la generación hidráulica y nuclear, impuestos ambientales sobre emisiones de CO2 y productos energéticos e impuestos sobre sociedades que desarrollan actividades energéticas.

Además, presentan medidas para introducir eficiencia en la regulación de las actividades reguladas que permitan reducir los costes del sistema a medio plazo. Así, proponen una revisión de los costes unitarios y las bases retributivas de activos, actualizando el mecanismo de incentivos de forma homogénea para todas las actividades. También creen que deben determinarse con claridad los costes que deben incluirse de forma estable en los peajes de acceso, los que deben financiarse externamente y los que deben financiarse conjuntamente con otras fuentes. Además, solicitan que la CNE tenga la función de establecer la metodología de retribución de las actividades reguladas. Finalmente, piden la introducción de un mecanismo de subastas competitivas para determinar la retribución de las nuevas instalaciones renovables, con el objetivo de introducir elementos de competencia y así disminuir los costes de promoción de estas tecnologías.

Las reacciones ante esta propuesta no se han hecho esperar y han sido bastante críticas. Así, la Secretaría de Estado de Energía ha lamentado la publicación del informe y se ha apresurado a recordar que no es vinculante, afirmando además que contiene algunas propuestas que el gobierno no comparte y que no se van a llevar a cabo. Por su parte, UNESA (que agrupa a la patronal eléctrica) rechaza las medidas propuestas por considerar que no permitirán acabar con el déficit de tarifa. Comparten en parte el diagnóstico del sector hecho por la CNE, pero consideran que las metidas propuestas no son adecuadas. Protermosolar (asociación de la industria solar térmica) también considera que las medidas no serán eficaces y pondrán en riesgo cerca de 20.000 empleos, mientras que la Fundación Renovables considera que este informe confirma el apagón verde y perjudica al consumidor.