La Tarifa de Último Recurso y el déficit tarifario

El proceso de liberalización del sector eléctrico español, iniciado en 1997 (Ley 54/1997) se completó el 1 de julio de 2009, con la desaparición del mercado regulado y, con él, de las tarifas integrales. A partir de entonces todos los consumidores deben acudir al mercado para contratar su electricidad, bien a través de una comercializadora, acudiendo directamente al “pool” o suscribiendo un contrato con un productor. Sin embargo, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 kW con suministro a baja tensión (casi todos los consumidores domésticos), tienen la posibilidad de acogerse a la denominada “Tarifa de Último Recurso (TUR)” fijada por el gobierno. El gobierno ha designado a cinco empresas, denominadas comercializadoras de último recurso, que obligatoriamente deben acoger a los clientes con derecho a la TUR (RD 485/2009).

La TUR, cuyo procedimiento de cálculo quedó establecido en la Orden ITC/1659/2009, modificada por la Orden ITC/1601/2010, es el precio máximo y mínimo que pueden cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores acogidos a dicha tarifa y para su cálculo se suman tres conceptos: el coste de producción de energía eléctrica, los peajes de acceso y los costes de comercialización. De esta manera se pretende que refleje los costes reales del suministro y, por tanto, sea una señal de precio competitivo. Consta de un término fijo de potencia y otro término variable de energía. El primero se calcula como la suma del término de potencia del peaje de acceso y el margen de comercialización, mientras que el segundo viene dado por la suma del término de energía del correspondiente peaje de acceso y el coste estimado de la energía.

Los peajes de acceso incluyen los distintos costes regulados del sistema (costes de transporte y distribución de la electricidad, así como los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento y los costes permanentes del sistema) y son calculados por el gobierno siguiendo diversos procedimientos. Por su parte, el coste estimado de la energía, que recibe la comercializadora de último recurso, se calcula para cada trimeste mediante una complicada fórmula que tiene en cuenta el coste estimado de la energía en el mercado diario, el sobrecoste de los servicios de ajuste del sistema, el pago por capacidad, el coeficiente de pérdidas y una prima de riesgo. De todos estos componentes, el coste estimado de la energía en el mercado diario supone más del 70% del total (véase el Boletín Mensual de Indicadores Eléctricos y Económicos). Este coste de la energía en el mercado diario se estima a partir de contratos a plazo con entrega en la zona española del Mercado Ibérico de Electricidad y en su fórmula de cálculo influye principalmente el resultado de las subastas CESUR. En la siguiente página se puede ver la comparativa entre el precio medio en el mercado diario y el  precio de las subastas CESUR. 

La última subasta CESUR se cerró con un incremento en los precios entre el 9% y el 13%, con lo que según el mecanismo de cálculo del coste estimado de la energía, el recibo de luz debería subir un 5,9% para el último trimestre. Sin embargo, esta semana el gobierno ha decidido no incrementar la TUR para el último trimestre, de manera que deberá reducir los peajes de acceso para compensar esta subida en el coste de la materia prima.
Los peajes de acceso deben ser suficientes para cubrir los costes regulados del sistema, ya que en caso contrario se genera un déficit tarifario que deberá ser pagado por los consumidores en el futuro. El gobierno había previsto una reducción progresiva del déficit tarifario (RDL 6/2009, modificado por el RDL 14/2010) hasta lograr eliminarlo en 2013. Sin embargo, al congelar la TUR se producirá un incremento en el déficit, con lo que es posible que supere el límite de 3000 millones de euros que se había fijado para este año, tal y como ha advertido esta semana la Comisión Nacional de Energía.