¿Por qué es tan importante el Real Decreto para la certificación de la eficiencia energética en edificios?

Ya hemos hablado en repetidas ocasiones en este blog sobre la necesidad de reducir el consumo de energía de los edificios y de manera particular en nuestro país. Recientemente el gobierno ha aprobado un Real Decreto que obliga a todos los propietarios de viviendas a mostrar un certificado de eficiencia energética en el momento de la venta o alquiler de dicha vivienda. Como ya hemos leído durante estos días en diferentes fuentes, este Real Decreto extiende la exigencia a los edificios ya existentes (ya que para los de nueva construcción ya existía esta obligación) y cumple así con la legislación vigente europea, respecto a la que llevamos retraso. Sin embargo, poco se ha explicado sobre la gran importancia de esta política pública y sus razones de ser.

El objetivo último de los certificados de eficiencia energética es promover la eficiencia energética; en este caso, en el sector de los edificios; y el medio para tal objetivo es la provisión de información a los consumidores. Cuando hablamos del nivel de eficiencia energética de una vivienda hablamos de una característica o atributo intangible, que los consumidores no pueden ver, al contrario de lo que sucede con otros atributos como puede ser el tamaño, el color, la localización, el diseño, etc. Esta cualidad de la eficiencia energética hace que exista un perfecto desconocimiento sobre ella misma y que la demanda sea inferior a lo deseado. Además, estimar las necesidades energéticas que tendrá una vivienda en el futuro es algo muy complicado (a diferencia, por ejemplo, que un coche con un consumo estimado por cada determinados kilómetros), que hace casi imposible que un consumidor pueda tener esta cualidad en cuenta a la hora de comprar o alquilar una vivienda. A su vez, esto da lugar a dos situaciones en caso de que estemos especialmente interesados en una vivienda que consuma menos energía: en primer lugar, tendremos un alto coste para buscar dicha información y, en segundo lugar, tendremos que confiar plenamente en los conocimientos de algún experto que nos pueda asesorar, ya que no se puede comprobar la veracidad de dicha información hasta haber vivido durante algún tiempo en la vivienda.

Por lo tanto, hay falta de información, información asimétrica (solo la tienen los expertos) y costosa. En este sentido, los certificados de eficiencia energética pretenden corregir todas estas situaciones. El certificado o etiqueta clasifica la vivienda en función de las necesidades energéticas que tendrá la vivienda en el futuro bajo unas condiciones de uso estándar, utilizando para ello una misma metodología. De esta manera, el consumidor recibirá información sobre una característica que probablemente antes no había considerado o no podía considerar. Además, tendrá la posibilidad de establecer comparaciones entre viviendas y se eliminará el coste de dicha información. Por último, se eliminan también los problemas de desconfianza que sufren los consumidores en situaciones de información asimétrica, ya que habrá unos expertos autorizados para realizar dicha certificación, y sus cálculos se basan en la metodología oficial. Con todo esto es de esperar que los consumidores modifiquen sus preferencias, incluyendo este nuevo elemento, lo que sin duda tendrá efectos sobre su demanda. 

La contrapartida es el coste administrativo que tienen que asumir las administraciones públicas para poner en marcha el funcionamiento de registro y control del sistema, y el coste que supondrá para el propietario certificar su vivienda. Sin embargo, en relación con los propietarios, este instrumento podría tener consecuencias indirectas muy interesantes derivadas de una posible revalorización de los activos con un alto nivel de eficiencia energética, que se producirá por el valor que los consumidores otorguen a la eficiencia energética (ya hemos hablado de las evidencias empíricas sobre tal valor). Esto permitiría que los propietarios recuperen el coste del certificado a la vez que crea incentivos para invertir en eficiencia energética; el propietario de una vivienda con bajo nivel de eficiencia energética tendrá incentivos para realizar mejoras y eliminar de su producto el ‘hándicap’ que supondrá tener un certificado bajo. Llegado este punto, es importante destacar la importancia de acompañar esta política de etiquetado con algún instrumento que aporte equidad y permita a los propietarios con rentas inferiores aprovecharse de las mismas ventajas que ofrece la certificación, para lo que se requiere algún sistema de financiación para realizar las mejoras necesarias y obtener niveles mayores de eficiencia energética. El Real Decreto de fomento del alquiler, rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas podría funcionar como el instrumento de financiación. 

En conclusión, a pesar del retraso relativo a la certificación de viviendas, la aprobación de este Real Decreto es una buena noticia y ahora solo falta esperar que la implantación del sistema sea la adecuada, para lo que será necesario un seguimiento continuado del cumplimiento que permita identificar y eliminar rigideces, tanto administrativas como en el mercado, y lograr un perfecto funcionamiento.