En mi entrada de la semana pasada presentaba las principales conclusiones ‘cualitativas’ de un artículo que acabo de publicar como documento de trabajo en nuestra serie de Economics for Energy. Básicamente indicaba que en los últimos meses, fundamentalmente por los efectos de la persistente crisis económica, se ha configurado un nuevo entorno para la fiscalidad energética en el que estos tributos vuelven en cierta medida a sus orígenes recaudatorios y en el que se producen cambios en los esquemas de reforma fiscal establecidos alrededor de la fiscalidad energética desde los años noventa.
En esta entrada voy a intentar ilustrar dichos cambios de tendencia para el caso español y presentar una simulación realista de lo que podría pasar en un marco como el que establece la propuesta de Directiva sobre fiscalidad energética de la Comisión Europea. Lo primero que llama la atención es la importante reducción de las emisiones españolas de gases de efecto invernadero en los últimos años, que situaría a los objetivos correctores de estos instrumentos fiscales en un segundo plano. Un segundo aspecto relevante tiene que ver con la evolución recaudatoria de estos impuestos, muy estable en los últimos años a pesar de los vaivenes del ciclo económico. Evolución que, sin embargo, se ve acompañada de una caída de los tipos impositivos en términos reales (ver gráfica), debido a la muy limitada actualización de estas accisas desde finales de los noventa.
El gráfico precedente también avanza otro fenómeno significativo en el caso español: una carga tributaria muy diferente entre los distintos productos energéticos que carece de justificación ambiental, energética o económica. Además, este comportamiento puede relacionarse con el nivel impositivo muy inferior a la media de la Unión Europea: en torno a un 80% en los carburantes de locomoción (y menos en gas natural y electricidad) cuando se tiene en cuenta la paridad de capacidad de compra entre países.
Si unimos a todo lo anterior las potentes necesidades recaudatorias a que se enfrenta España, por el desfase actual entre ingresos y gastos públicos y las fuertes limitaciones al endeudamiento público, el corolario parece evidente. Más aun cuando la abundante evidencia empírica existente avanza unos efectos económico-ambientales positivos y un reducido impacto distributivo de estas figuras. Por ello, el artículo presenta un conjunto de simulaciones que se encuadran dentro de los cambios previsibles en la imposición energética armonizada comunitaria: un componente sobre CO2, común para todos los productos energéticos (excepto la electricidad) y que se vincularía ex-post al precio del mercado europeo, y un componente energético que responde a objetivos recaudatorios, de seguridad energética y/o de búsqueda de eficiencia (y determina los niveles mínimos).
Las simulaciones presentadas en el artículo parten de la situación observada en el año 2010 (con una recaudación energética en torno a los 13.000 millones de Euros), a partir de los tipos impositivos vigentes (accisas e IVA sobre accisas) y de los consumos reportados por la Agencia Tributaria. No se contemplan cambios en el comportamiento de los agentes, aunque las bajas elasticidades precio que avanza la literatura empírica pueden justificar este supuesto para impactos de corto plazo. La primera de las simulaciones presenta los resultados de simular los tipos sobre CO2 y mínimos sobre contenido energético establecidos por la propuesta de la Comisión Europea. Para 2013 se esperaría así un ligero aumento recaudatorio (800 millones de Euros) que se debería a la extensión de los nuevos tipos a productos antes no sujetos, al mantenerse estable la recaudación global diésel y gasolinas (aunque se produce una reducción del tratamiento favorable del diésel). Una segunda simulación recoge una opción fiscal más ambiciosa en la que se elevan considerablemente los tipos sobre los tipos sobre el componente energético de gas natural y electricidad y también se actúa sobre la tributación de los carburantes de locomoción para que converjan a la media europea. En este caso el aumento recaudatorio podría alcanzar los 7.000 millones de Euros anuales.
Las simulaciones anteriores indican así que la hacienda pública española podría obtener abundantes recursos para hacer frente a procesos de consolidación presupuestaria, compensar parcialmente los efectos distributivos adversos de los incrementos fiscales, suministrar recursos a las políticas de promoción de renovables y de eficiencia energética (alimentados desde todo el sector energético), o reducir otros impuestos distorsionantes. A la vez, las políticas contempladas llevarían a una cierta extensión de los tributos energéticos y a una igualación en el tratamiento fiscal de los combustibles de automoción, favoreciendo una mayor coste-efectividad en la consecución de los objetivos ambientales y de ahorro energético.
En fin, esperemos que alguien recoja este mensaje y que España pueda superar sus paradojas y anomalías respecto a la tributación energético-ambiental. Todo parece alinearse a favor de una mayor fiscalidad energética en España: ¿Empezamos?
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