Los problemas de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética

El otro día escribía Ana Ramos en este blog acerca de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética, profundizando en la experiencia americana como algo relevante de cara a la futura trasposición de la Directiva europea de eficiencia energética, en la que se plantea este instrumento. Sin embargo, me parece interesante llamar la atención sobre un par de elementos que no se suelen considerar generalmente al discutir este instrumento, pero que son claves para un uso eficiente del mismo: la medida de los ahorros, y la compatibilidad del instrumento con los mercados liberalizados. Comienzo con el segundo.

Como todos sabemos, los mercados minoristas de energía europeos, y salvo alguna excepción en la práctica (que no en teoría) están liberalizados. Esto quiere decir que los consumidores en baja tensión pueden escoger a su suministrador, y que por tanto este no tiene por qué ser el distribuidor. Esto puede tener ventajas para el consumidor final, al abrirse la competencia entre los suministradores, aunque no todos están de acuerdo: es famosa la polémica entre Joskow y Littlechild a este respecto. Pero donde claramente la liberalización no presenta ventajas, sino todo lo contrario, es respecto al uso de las obligaciones de eficiencia energética. Veamos por qué.

Las obligaciones de eficiencia, como explicaba Ana, consisten en imponer al suministrador de energía (el comercializador, en Europa) una cantidad mínima de ahorro sobre sus ventas (en términos energéticos, claro). Pero, ¿cuáles son sus ventas? O, dicho de otra forma, ¿cuál es la línea de base sobre la que calcular los ahorros? Esto no es tan fácil de calcular como parece, puesto que el consumo o las ventas vendrán determinados por parámetros difícilmente controlables como la meteorología, la renta o el nivel de actividad económica. Pero menos aún en un sistema liberalizado, en el que los consumidores van cambiando de suministrador. Por ejemplo, si un comercializador cambia su cartera de clientes, concentrándose en los más eficientes, ¿esto debe computarse como un ahorro? ¿Y si un comercializador cierra el chiringuito? ¿Tiene incentivos un comercializador a servir a más clientes, si no está claro que esto le vaya a beneficiar respecto a su obligación? Y, sobre todo, si el objetivo de un comercializador es vender cuanta más energía mejor, ¿no resulta cuando menos chocante que se le limite en el libre ejercicio de su actividad en el mercado?

Como puede verse, todas estas cuestiones tienen respuestas complicadas, o al menos más que si el suministrador es el distribuidor, que tiene una cartera estable de clientes, que actúa en un marco regulado (el del monopolio), y al que por tanto se pueden imponer más fácilmente obligaciones de este tipo. Por supuesto, este problema no es exclusivo de los sistemas de obligaciones. También es difícil, cuando el suministro está liberalizado, aplicar una medida como el "decoupling" de tarifas, es decir, el que lo que percibe el suministrador no sea proporcional a sus ventas de energía, ya que lo que percibe el suministrador no está regulado, sino que depende del mercado.

El segundo problema es el de la medida de los ahorros. Este no es exclusivo de los mercados liberalizados, pero se amplifica en ellos. Por las razones que he comentado antes, resulta muy difícil evaluar el ahorro con respecto a un consumo de referencia. Por eso muchas políticas (y la directiva europea es un buen ejemplo) establecen que los ahorros se calcularán de antemano. Por ejemplo, si cambias una bombilla incandescente por una de bajo consumo, X kWh ahorrados al año. Si cambias la caldera, Y MWh ahorrados. Esto soluciona en parte el problema que planteaba anteriormente: lo único que hay que medir son las inversiones en eficiencia de los clientes (otra cosa es saber quiénes son los clientes del suministrador liberalizado). Pero a cambio crea otros dos. Primero, no permite tener en cuenta los ahorros debidos a cambios de comportamiento. Si un suministrador consigue que sus clientes sean más austeros en el uso de la energía, nadie se lo va a reconocer, lo cual es una pena, porque esto es posiblemente la medida más barata. Todos irán a inversiones, que aunque más caras, sí serán reconocidas. El segundo inconveniente es que no tiene en cuenta el posible efecto rebote: un cambio a un equipo más eficiente no implica necesariamente un ahorro proporcional de energía, sino que típicamente el consumidor, al disponer de una energía más barata (por la mayor eficiencia del equipo) lo utilizará más. El efecto rebote es muy variable, y puede ser considerable según de qué consumo hablemos. Pero en todos casos hará que sobreestimemos el ahorro real, y por tanto, la política de obligaciones, así medida, será menos efectiva y menos eficiente.

Para concluir: existen muchos problemas prácticos que pueden impedir el buen funcionamiento de los sistemas de obligaciones en mercados energéticos como el europeo. ¿Supone esto que debemos olvidarnos de las medidas de eficiencia energética? Pues no, claramente, dado su potencial. Lo que quiere decir es que debemos modificar los instrumentos existentes, o crear otros nuevos, para adaptarlos a estos mercados y superar los problemas planteados. Esto será el tema de un proyecto de investigación que desarrollaremos durante el próximo año.