Escepticismo y muchas dudas entre el público sobre los Certificados de Eficiencia Energética

La semana pasada se celebró en Vigo un congreso organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, COITIVIGO’ sobre la certificación energética de edificios bajo el nombre ‘NUEVO MARCO LEGAL DE LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS’. Esta conferencia a la que asistieron profesionales de diferentes sectores tenía como objetivo presentar el Real Decreto 235/2013 sobre certificación energética para edificios, así como destacar aquellos puntos y artículos más importantes. Sin embargo, el aluvión de preguntas que se produjo por parte de los asistentes sirvió para comprobar la acogida que está teniendo el decreto entre los diferentes actores. Presento a continuación las tres conclusiones que he sacado de todo ello: 

• El gobierno ha cometido un fallo de comunicación al implantar esta normativa ya que no ha sabido transmitir la finalidad u objetivo ni el funcionamiento de este instrumento.

• Como consecuencia de lo anterior, existe un importante escepticismo entre los profesionales del sector sobre los resultados derivados de este decreto.

• El texto del Real Decreto deja numerosos espacios abiertos que dan lugar a infinitas incertidumbres entre los certificadores en el momento de certificar.

Con relación al primer punto, tanto las preguntas y comentarios que plantearon los expertos del sector en el congreso así como los comentarios del público general que se han venido produciendo  a través de diferentes canales desde la entrada en vigor del decreto, dejan ver que existe un desconocimiento sobre la problemática que afecta al sector de la eficiencia energética así como el objetivo que persiguen este tipo de instrumentos de información, como son las etiquetas o certificados. Parece indispensable explicar al público que existen una serie de barreras como son la información incompleta, costosa y asimétrica, que impiden a los consumidores incluir entre sus preferencias a la hora de comprar o alquilar una vivienda, la eficiencia energética. Por lo tanto, al proporcionar información al cliente, sin coste para él, y de forma transparente y fiable, en base a una metodología común y a un técnico acreditado, los sistemas de etiquetado o certificación permiten que a la hora de comprar o vender una vivienda el consumidor pueda comparar también en términos de consumo futuro de energía. Si al anunciar esta normativa el gobierno no ha sabido explicar esta situación que es la base para dicha normativa, difícilmente el público podrá entender el porqué de esta normativa. 

El segundo punto que creo que no se ha sabido transmitir es el funcionamiento de este tipo de instrumento informativo. Según los comentarios planteados en la conferencia, existe la hipótesis de que los propietarios en su mayoría opten por la vía simplificada de certificación; previsiblemente más barata, aunque solo dé opción a certificados bajos. Implícitamente esto significa que los consumidores no valorarán el certificado a la hora de la compra o venta, y por lo tanto, el certificado no valdrá para nada. A pesar de que aún no sabemos cómo reaccionarán los consumidores ante estas señales, ya hemos mencionado en este blog los resultados que se han obtenido en algunos estudios realizados en el sector comercial en EE.UU o Reino Unido y también en el sector residencial en Holanda. Estos estudios muestran que, los consumidores no solo valoran la información del certificado mediante una disposición a pagar positiva por una vivienda eficiente frente a otra vivienda no eficiente con todas sus características iguales; sino que también se ha encontrado que en los edificios comerciales certificados como eficientes tienen un ratio de rotación menor que el resto. A pesar de que es necesario profundizar en el estudio de esta situación, esto nos llevaría a que los certificados crean un sistema de incentivos que hace que el propietario de una vivienda eficiente teniendo la oportunidad de diferenciar positivamente su producto no vaya a conformarse con un certificado bajo, a la vez que el propietario de una vivienda ineficiente invierta en eficiencia energética para sacar mayor rentabilidad a su activo.

Por último, durante la conferencia fue notable la multitud de dudas específicas que surgen de la interpretación del texto del decreto así como los vacíos referentes también a cuestiones particulares que el decreto no menciona. Es posible que esta situación se deba a la rapidez con la que entró en vigor el Real Decreto después de su publicación en el BOE. Aunque según explicó Paula Uría Traba, jefa del Área de Aforro e Eficiencia Enerxética del Instituto Enerxético de Galicia, INEGA, estas cuestiones ya se están trasladando a la comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios, para tratar de dar respuesta a las preguntas que les llegan, lo cierto es los certificadores se ven obligados a certificar las viviendas sin tener un pleno convencimiento en algunas ocasiones de cómo proceder. 

No es nuevo ese escepticismo en nuestro país frente a cada nueva política pública que se aprueba, sin embargo, en este caso, la simple aplicación de la directiva puede no dar los resultados esperados como apuntan algunas hipótesis, y por ello será necesario trabajar de manera conjunta para aplicar  la normativa de manera correcta para que el sistema de incentivos se produzca.