Para ello, Luz Evelia Pérez Galán, del ministerio de Industria, Energía y Turismo actuó como moderadora y fue la encargada de poner sobre la mesa los puntos sobre los que posteriormente se discutiría. Por su parte, resaltó la gran complejidad que entraña la nueva directiva sobre eficiencia energética a nivel administrativo ya que la transposición de dicha directiva engloba a tres ministerios y plantea una serie de retos muy complejos para el gobierno. Por la otra parte, Blanca Perea, directora General de Energía de PWC, fue la primera en participar en esta mesa redonda y comenzó resaltando la necesidad de un papel creciente de la administración pública a través de mecanismos de financiación que serán indispensables para llevar a cabo cualquier plan de eficiencia energética, así como la aportación de garantías que faciliten la participación de las entidades financieras en proyectos de eficiencia energética. Así mismo, con respecto a la gestión de la demanda, uno de los puntos en los que la directiva hace hincapié, resaltó la importante falta de información que existe en este mercado, que da lugar a situaciones de información asimétrica que producen altos niveles de desconfianza.
A continuación, Pedro Linares, comenzó planteando una serie de cuestiones sobre los sistemas de obligaciones, uno de los mecanismos que la directiva propone y que establece las bases de los certificados blancos de los que hemos hablado en este blog. En primer lugar, señala que las pocas experiencias que existen sobre tales sistemas en otros países no permiten garantizar ningún tipo de éxito, y que aún están abiertas cuestiones como: ¿cómo medir los ahorros y las medidas de eficiencia energética implementadas (en este aspecto habrá que tener en cuenta a la hora de monitorizar problemas como el ‘efecto rebote’ o los ‘free riders’? ¿Sobre quién debe recaer la obligación, distribuidor o comercializador?, etc. En segundo lugar, sobre las ESEs (o ESCOs en sus siglas en inglés, otro instrumento del que también nos hemos hecho eco en este blog) y el papel fundamental que juegan en esta directiva, señala que es fundamental la acreditación de las empresas por parte de la administración para aportar confianza y la estandarización de este producto, además coincide con la ponente anterior sobre la necesidad de generar garantías a la hora de invertir en eficiencia energética, labor que ha de desarrollar la administración mediante la elaboración de contratos tipo. Concluyó diciendo que es fundamental crear sistemas de financiación atractivos y que es el Estado el encargado de crear el marco legislativo que permita articular todo esto.
Seguidamente, Elena González, directora general de ANESE, Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, resaltó el empujón y la oportunidad de mercado que significa esta nueva directiva para las ESEs; en primer lugar a través del posible sistema de obligaciones que se articularía en su mayoría a través de las ESEs como ha pasado en aquellos países en donde ya se ha implementado. Así mismo aprovechó para destacar la necesidad de que existan mecanismos estables y una participación mucho mayor de las entidades financieras para que este mercado pueda articularse y mantenerse por su propia rentabilidad.
Por último, Ester Sevilla García, BP Regulación Negocios Minoristas de Energía, Gas Natural Fenosa, señaló nuevamente algunas de las barreras que existen en el mercado y dificultan notablemente la inversión en eficiencia energética. Comenzó recordando que mientras los precios no reflejen los costes reales, no habrá incentivos para poner en marcha proyectos de eficiencia energética. Además, resaltó una vez más en esta mesa redonda, que la falta de información es una gran barrera, no solo a nivel de consumidor final, sino también a nivel de las instituciones financieras y los propios departamentos de riesgo de las empresas, lo que hace aún más difícil el acceso al capital. Por último, con respecto a la administración pública denunció la lentitud en los procesos de acreditación de empresas para concursos públicos y la falta de conocimientos técnicos, algo que es fundamental también para el éxito de las ESEs.
Por lo tanto, parece que hay un consenso claro por parte de todos los actores sobre la necesidad de crear un marco legislativo adecuado que permita: en primer lugar el correcto funcionamiento de las ESEs, principal instrumento para la eficiencia energética; y en segundo lugar garantizar las inversiones en eficiencia energética, lo que facilitará el acceso a la financiación y la participación de las instituciones financieras.
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