Las medidas del gobierno y el déficit tarifario

El mismo día que publiqué el post sobre las propuestas de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para abordar el déficit tarifario, el gobierno aprobó una serie de medidas para cubrir el desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de 3.100 millones de euros, como consecuencia de las resoluciones del Tribunal Supremo (Autos de 28 de febrero, 2, 8, 12 y 15 de marzo) ante los recursos de las compañías eléctricas contra la congelación de la Tarifa de Último Recurso. El gobierno considera además estas medidas como un primer paso para tratar alcanzar la suficiencia de ingresos y solucionar el problema del déficit tarifario. Dado que solo los mencioné brevemente en un comentario del citado post, en esta nueva entrada voy a explicar más detalladamente los cambios introducidos relacionados con el problema del déficit tarifario (RDL 13/2012):

En primer lugar se reforma la retribución de los activos de la actividad de distribución con el objetivo de vincularla a los activos en servicio no amortizados (tal y como pedía la CNE), eliminando la retribución de activos ya amortizados y retrasando la retribución de los nuevos activos hasta dos años después de su puesta en servicio para disponer de mayor información sobre los mismos. Además, se reduce la retribución de la distribución en concepto de gestión comercial, dado que en la actualidad la mayor parte de esta actividad la realizan las empresas comercializadoras.

También se produce una revisión de la retribución del transporte, impulsando una reforma del procedimiento para determinar esta retribución (similar al caso de la distribución) para vincular la retribución a los activos en servicio no amortizados y ligando los incrementos de retribución de un año a los activos puestos en servicio dos años antes.

Con respecto a los sistemas eléctricos extrapeninsulares, teniendo en cuenta la propuesta de revisión de la CNE, se habilita al Ministro de Industria a establecer límites al sobrecoste derivado de los cambios de combustible que no se justifiquen por razones técnicas que puede ser financiado con cargo a los peajes de acceso.

Asimismo, se aprueba una reducción de las tasas correspondientes al sector eléctrico para la financiación de la CNE y el saldo de los resultados de ejercicios anteriores de la partida de fondos propios de la CNE pasa a considerarse como ingresos liquidables de los sistemas eléctrico y gasista, debiendo ser reintegrado antes de que acabe el año 2012. También se toman medidas para que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ingrese en el sistema las cantidades que ha recibido con cargo a tarifa eléctrica para la financiación del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética y que no ha utilizado en actuaciones vinculadas a este plan.

Asimismo, se adopta la recomendación de la CNE de eliminar de los peajes de acceso los costes de financiación del operador del sistema, pasando a financiarse como coste de la energía en función de los servicios que efectivamente preste, si bien habrá un período transitorio de adaptación. Sin embargo, no se sigue la recomendación de la CNE de quitar de los peajes de acceso los costes de interrumpibilidad de los grandes consumidores, si bien se revisa su cuantía ya que en el contexto actual su uso es muy limitado. Tampoco se suprime el mecanismo de restricciones por garantía de suministro, como proponía la CNE, si bien para reducir su coste se revisa el volumen previsto de quemado de carbón nacional. Además se revisa la retribución asociada a los pagos por capacidad, reduciendo los incentivos a la inversión en capacidad y medioambiental.

Con estas medidas el gobierno pretende reducir los costes del sistema eléctrico en alrededor de 1.700 millones de euros. Además, se anunció un incremento en las tarifas eléctricas a partir del 1 de abril (en el caso de los consumidores dométicos la subida es, en media, del 7%) que el gobierno estima que permitirá incrementar los ingresos del sistema en unos 1.400 millones de euros (las nuevas tarifas fueron publicadas en el BOE del jueves de la semana).

La CNE ha publicado un Informe analizando los cambios introducidos, si bien no analiza el efecto de las medidas para corregir el déficit tarifario y nos remite al informe analizado en el anterior post.

 Por su parte, UNESA ha criticado las medidas adoptadas, especialmente la reducción de la retribución a la distribución y de los pagos por capacidad y por garantía de suministro. También consideran excesivo el incremento de las tarifas ya que se ha producido un descenso en los precios del mercado eléctrico, si bien reconocen la necesidad de financiar el déficit tarifario, generado principalmente según UNESA por las elevadas primas recibidas por las instalaciones renovables menos maduras. Su conclusión es que los consumidores y las empresas eléctricas agrupadas en UNESA se ven obligadas a financiar el déficit tarifario para que las tecnologías menos eficientes sigan disfrutando de una rentabilidad privilegiada.

Mientras, la Fundación Renovables también ha criticado las medidas al considerar que el mayor peso del ajuste recae sobre los consumidores y las políticas de ahorro y eficiencia energética. Consideran que la reducción en la retribución de la distribución puede afectar a la calidad del suministro y comprometer la implantación de nuevas instalaciones renovables, y argumentan que los recortes eran más necesarios en generación donde consideran que existe una sobrecapacidad, una excesiva retribución de instalaciones amortizadas y unos pagos por capacidad o disponibilidad excesivos. Además, subrayan que todos los recortes efectuados contra las renovables no han impedido ni la subida de la luz ni el incremento del déficit tarifario, por lo que concluyen que el origen del déficit tarifario no está en las renovables.