Los certificados blancos: otro instrumento para la eficiencia energética

En esta entrada quiero repasar los aspectos más importantes de uno de los ‘nuevos instrumentos de mercado’ para la eficiencia energética, que hasta ahora ha pasado desapercibido en su reciente introducción en un número no muy elevado de países de la UE. Se trata de los certificados blancos o white certificates. Este mecanismo que tiene por objetivo reducir el consumo de energía mediante la eficiencia energética al menor coste posible se encuentra en una fase que podría clasificarse como experimental y cuyos principales retos son el coste de implementación y los posibles riesgos de interacción con otros instrumentos.

Los certificados blancos no son más que una obligación que fijan las autoridades gubernamentales sobre los suministradores o distribuidores de energía (generalmente electricidad o gas) para obtener un determinado nivel de ahorro energético en un tiempo limitado. Estos ahorros se consiguen mediante la aplicación de proyectos de eficiencia energética llevados a cabo en diferentes sectores de la economía (residencial, terciario, industrial, de transportes, etc). La característica de este instrumento que hace que esos ahorros se consigan al menor coste posible es la posibilidad de comercio; es decir, una vez que la parte autorizada certifica el nivel de ahorros obtenidos, este certificado puede ser objeto de comercio, de manera que aquellas empresas que hayan logrado un mayor nivel de ahorro energético que el impuesto, pueden vender certificados a otras empresas para las que el coste de tales medidas sea más elevado y por lo tanto, no hayan alcanzado el nivel de ahorros requerido.

Hasta el momento, solo Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca y la región Flamenca de Bélgica han implantado este instrumento, a pesar de que la Comisión Europea en su Directiva sobre eficiencia del uso final de energía y los servicios energéticos abre la puerta a la posibilidad de que los estados utilicen los certificados blancos como política de gestión de la demanda e introducción de la eficiencia energética. Como decía anteriormente, el uso de certificados blancos es reciente en estos países. Reino Unido fue el  primero que introdujo este sistema de obligaciones con el Energy Efficiency Commitment en 2002-2005, que más tarde entraría en una segunda fase de 2005-2008. El resto de países implantaron este mecanismo a partir de 2005.

Cada país ha optado por un diseño alternativo a la hora de poner en marcha esta nueva política. En el caso de Reino Unido, las obligaciones recaen sobre los suministradores de electricidad y gas con un mercado residencial superior a 50.000 consumidores, mientras que Italia lo fija para los distribuidores de electricidad y gas. Además, también hay diferencias sobre los sectores objeto de reducción. Italia y Francia incluyen el sector residencial, el terciario, la industria, los transportes y otros, sin embargo, Dinamarca excluye el sector transporte y Reino Unido solo tiene en cuenta el sector residencial.  Dos aspectos más diferenciadores del diseño son la unidad que se toma como medida de ahorro energético (energía primaria o final y CO2) y el grado de flexibilidad a la hora de comercializar con los certificados. En el trabajo de Paolo Bertoldi y otros autores, ‘Energy supplier obligations and White certificate scheme: Comparative analysis of experiences in the European Union’ se puede consultar con más detalle el diseño de cada uno de los casos particulares.

Debido a que este sistema de obligaciones es muy reciente, hay muchas cuestiones que son objeto de debate y de una posible modificación futura. Hasta el momento, tres son los aspectos que más preocupan: las posibles dualidades o interacciones negativas con otros instrumentos regulatorios, como el EU-ETS; la aparición de importantes efectos rebotes; y los costes de monitorización o control del cumplimiento de los objetivos. En relación con esto último, algunos autores recomiendan que solo se certifiquen los ahorros energéticos derivados de una serie de medidas de eficiencia energética establecidas, como en el caso de Reino Unido, con el objetivo de reducir los costes.

En la actualidad se están realizando estudios que determinen los resultados obtenidos con esta nueva regulación, y se debaten las posibilidades de diseño más apropiadas. De estos resultados dependerá que más países se sumen a esta regulación o que incluso se llegue a establecer un mercado de certificados blancos a nivel europeo como en el caso del EU-ETS.