El Consejo de Ministros aprobó el viernes 14 de septiembre un anteproyecto de ley con medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con la finalidad de acabar con el déficit de tarifa a partir de 2013. Este anteproyecto incluye un impuesto a la venta de energía eléctrica con un tipo único a aplicar a los ingresos de la producción de energía eléctrica, impuestos a la generación y almacenamiento de residuos nucleares y un canon a la producción hidroeléctrica, así como impuestos (denominados ‘céntimos verdes’) sobre el gas natural para consumo y generación eléctrica y sobre el carbón, el fuel-oil y el gasóleo utilizados para generar electricidad.
El Impuesto sobre la venta de energía eléctrica gravará la realización de actividades de producción de energía eléctrica, teniendo como hecho imponible la venta de la producción de energía eléctrica y como base imponible los ingresos totales percibidos por la energía vendida en cada instalación. Sobre esta base imponible se aplicará un tipo impositivo del 6%, independientemente de la tecnología de generación utilizada (incluyendo las renovables).
Sobre la energía nuclear se aplicarán dos impuestos, el primero gravará la producción de residuos radiactivos y tendrá un tipo impositivo de 2.190 €/kg de metal pesado, mientras que el segundo gravará el almacenamiento de residuos radiactivos, sustituyendo a los impuestos existentes en la actualidad sobre esta materia en algunas Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha o Andalucía.
Por su parte, el canon hidráulico gravará la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica, aplicando un tipo impositivo del 22% sobre el valor económico de la energía hidroeléctrica producida. Este canon será recaudado por los Organismos de Cuenca y se destinará a la protección y mejora del dominio público hidráulico.
Finalmente, los denominados ‘céntimos verdes’ tendrán unos tipos impositivos de 2,79 céntimos/m3, para el gas natural, 14,97 €/tonelada en el caso del carbón, 12€/tonelada para el fuelóleo y 29,15€/1.000l para el gasóleo.
Con estas medidas, el gobierno espera recaudar 2.943 millones de euros en los próximos tres años. Asimismo también se destinará la recaudación por la venta de derechos de CO2 a cubrir costes del sistema y, según anunció el ministro de Industria, estos cambios normativos vendrán acompañados de posteriores medidas liberalizadoras, como la reducción del número de consumidores que tienen derecho a tarifa regulada.
El análisis de las medidas planteadas es muy complejo por la falta de información sobre el detalle de éstas y por su interrelación. No obstante, en un primer análisis, el sector eléctrico ha realizado una valoración negativa. Así, UNESA, la asociación que agrupa a las principales compañías eléctricas, considera que aumentar los impuestos no es el camino para reducir el déficit tarifario y creen que en lugar de introducir impuestos habría que reducir los costes regulados del sistema, principalmente las primas al régimen especial. Por su parte, Anpier, asociación de productores e inversores de energías renovables, considera que el impuesto sobre al venta de electricidad dejaría fuera del umbral de rentabilidad razonable a la energía solar fotovoltaica, mientras que el presidente de la Fundación Renovables considera que estas medidas son un parche regulatorio destinado a recaudar impuestos que no solucionará los problemas del sector. Por otra parte, la organización de consumidores y usuarios (OCU) considera muy negativo que se endurezcan las condiciones de acceso a la Tarifa de Último Recurso y advierte que esto podría suponer un incremento del 20% en la factura de la luz para 5 millones de hogares.
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