La fiscalidad energético-ambiental y su aplicación en España

El pasado martes 31 de mayo se celebró en el Instituto de Estudios Fiscales una jornada sobre La Fiscalidad Energético-Ambiental y su Aplicación en España, co-organizada por Economics for Energy. El evento permitió reunir a expertos de distintos ámbitos para analizar y debatir sobre el presente y el futuro de la imposición energético-ambiental en España. Las presentaciones de la jornada se encuentran disponibles en http://www.eforenergy.org/actividades/Jornada-La-Fiscalidad-Energetico-Ambiental-y-su-Aplicacion-en-Espana.php, y próximamente se incluirá en esta web una grabación en vídeo de las distintas intervenciones.

La primera parte de la jornada sirvió para repasar las bases económicas y la situación actual de la fiscalidad energético–ambiental desde la perspectiva europea, estatal y autonómica. El evento comenzó con una presentación a cargo de Xavier Labandeira (Economics for Energy) en la que se discutió sobre los fundamentos económicos de estos instrumentos y se dieron pautas para su diseño ideal. En particular se insistió en la necesidad de instrumentos centrados en la efectividad ambiental (esto es, en cambios de comportamiento).

Posteriormente Nils Axel Braathen (OCDE) comparó la situación española con el resto de países pertenecientes a la OCDE. Mostró que los ingresos provenientes de impuestos medioambientales en España (1,6% del PIB) están lejos de los obtenidos por la mayoría de países de la OCDE, donde Dinamarca y Holanda, con ingresos cercanos al 4% del PIB son líderes. Comentó el efecto de los impuestos en el sector del transporte, recalcando que el precio final tiene consecuencias considerables sobre el consumo. Además, señaló que la propuesta de la Comisión Europea sobre imposición en los combustibles del transporte, hará necesario aumentar los impuestos en España. Seguidamente José M. Durán (IEB y Universidad de Barcelona) hizo un repaso de las aplicaciones autonómicas en el ámbito de la imposición energético-ambiental.

José A. Manzano, Director General de Tributos de Castilla y León, defendió el papel de las Comunidades Autónomas (CCAA) a la hora de gestionar los tributos energético-ambientales. Presentó a las CCAA como los organismos más apropiados para gestionar los tributos energético-ambientales de la forma más eficiente. Recalcó la importancia que tienen los impuestos medioambientales en la recaudación fiscal de algunas Comunidades Autónomas como Extremadura y Galicia. A continuación, José M. Labeaga y Jesús Rodríguez Márquez (Instituto de Estudios Fiscales), presentaron el papel de la Administración Central en la imposición energético-ambiental. Destacaron la importancia de la coordinación como herramienta indispensable para lograr una mayor eficiencia en las políticas medioambientales. Señalaron que la Administración Central debe desempeñar ese papel de coordinador. Además, consideraron que, antes de impulsar nuevas políticas medioambientales, la Administración Central debe esperar a las iniciativas provenientes de Europa, por razones de competitividad y justicia social.

La jornada finalizó con una evaluación y recomendaciones hacia el futuro. Así se analizó la imposición energético-ambiental en España desde la perspectiva ambiental (Xavier Labandeira), económica (Oscar Arnedillo, Nera), y jurídica (Fernando Calancha, PwC). Los ponentes se mostraron críticos con las políticas fiscales existentes actualmente, dado que apenas repercuten sobre los incentivos de los agentes, no generan cambios de comportamiento y, por tanto, sus efectos medioambientales son escasos. Se hizo además hincapié en la necesidad de englobar los impuestos energético-ambientales dentro de una estrategia nacional. Parece conveniente así evitar gravar actividades subvencionadas, como las energías renovables, ya que de esta forma se desincentiva la inversión y retrasa su desarrollo. Como posible alternativa, las CCAA podrían centrarse en las actividades de alcance regional, donde los residuos sólidos y las aguas contaminadas representan una gran oportunidad para llevar a cabo políticas medioambientales.