El precio máximo de la bombona de butano

En un post de mayo del año pasado hablábamos de la nueva regulación del precio de la bombona de butano que había introducido el gobierno, que establecía un límite del 5% a las variaciones en sus precios máximos de venta y fijaba un precio máximo de 14 euros por bombona antes de impuestos (17,5 € con impuestos) hasta marzo de 2014. De este modo, los desajustes superiores al 5% o al precio máximo derivados de la evolución de los costes de la materia prima o de comercialización se diferirían a períodos posteriores, lo que permitiría garantizar una estabilidad de precios pero, al mismo tiempo, podría dar lugar a un desajuste similar al déficit de tarifa del sector eléctrico.

La evolución de las cotizaciones internacionales que determinan los costes de la materia prima provocó que se tuviese que aplicar el límite del 5%, alcanzando el precio máximo en mayo de 2013. De este modo, se empezó a generar un déficit que en octubre del año pasado ya ascendía a 90 millones de euros, según reconocía el propio Ministerio de Industria. Así, en los dos primeros meses de este año, el precio teórico del butano correspondiente a los costes reconocidos sin aplicar las protecciones ascendía a 19,2 euros por bombona incluyendo impuestos, 1,7 euros más que su precio real.

Dado que la regulación introducida el año pasado preveía una revisión del sistema de fijación de precios en marzo de este año, a mediados del pasado febrero la Secretaría de Estado de Energía remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta de Orden en la que se planteaba prorrogar un año más la vigencia de la regulación introducida el año pasado, solicitándole un informe. El informe elaborado por la CNMC fue aprobado a finales de febrero de este año, si bien no se hizo público hasta finales del mes de marzo. En dicho informe, la CNMC considera que la prórroga de la regulación existente dará lugar a una congelación de los precios del butano, de modo que si las cotizaciones internacionales continúan con su evolución actual se incrementarán los desajustes en el sector. En este contexto, la CNMC argumenta que debería compatibilizarse la protección del consumidor con una regulación eficiente, lo que considera que se podría lograr conservando las protecciones existentes pero revisando al mismo tiempo los costes reconocidos de la materia prima. Por ello, llevan a cabo una revisión de estos costes para tratar de determinar si las cotizaciones de referencia utilizadas por el gobierno son las adecuadas. Así, los costes de la materia prima se fijan desde hace al menos diez años en función de las cotizaciones internacionales de los suministros procedentes del mar del Norte (un 50%) y de Arabia Saudí (otro 50%), a las que se añaden los fletes de correspondientes a trayectos de gran tonelaje. Sin embargo, las importaciones españolas de Gases Licuados del Petróleo son reducidas (en 2013 representaron el 19,07% del consumo total). Además, desde 2012 España ya no recibe aprovisionamientos procedentes de Arabia Saudí, siendo África, el norte de Europa y América las principales fuentes de suministro. En este contexto, la CNMC concluye que las referencias utilizadas no se adecúan a la realidad del mercado español de GLP, por lo que propone su modificación, relacionándolas con el mercado argelino y el europeo, por ser los mercados sustitutivos de las refinerías españolas (proponen utilizar la cotización de Argelia en un 80% y la del mar del Norte en un 20%), y reduciendo el coste de flete (de hecho consideran que igual habría que plantearse si tiene sentido o no incluir este coste sobre el total de aprovisionamientos utilizados para cubrir la demanda, dado el reducido peso de las importaciones). De este modo, se lograría un cierto margen para poder mantener el esquema actual de precio regulado si generar desajustes.

El informe también incluye alegaciones del Consejo Consultivo de Hidrocarburos, órgano de asesoramiento de la Comisión formado por representantes de las compañías del sector, de los consumidores y usuarios, y del Estado y las Comunidades Autónomas, así como de los agentes sociales y de defensa del medio ambiente. En general, consideran que las previsiones de evolución de las cotizaciones internacionales del butano, el propano y el flete consideradas por el gobierno no son realistas y provocarán nuevos desajustes, por lo que reclaman la eliminación de las protecciones existentes, especialmente el límite máximo. Así, la Asociación de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP) considera que la regulación actual no permite trasladar los costes al cliente y no está suficientemente justificada, ya que los desajustes son muy elevados y debería tratarse de una medida temporal, por lo que proponen la supresión del precio máximo, o que este se incremente a medida que aumenten los desajustes. Por su parte, Gas Natural reclama la liberalización del sector, sugiriendo que la protección de los consumidores vulnerables se lleve a cabo mediante un bono social, mientras que Cepsa solicita la paralización de la Orden y anuncia su intención de iniciar un contencioso administrativo de nulidad si se publica. También la Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas Distribuidoras de GLP (FEDGLP) está disconforme con la medida, mientras que la Comunidad Autónoma de Canarias está preocupada por la creación de un déficit en el sector, así como por la falta de estímulos a la competencia, por lo que recomienda revisar los costes de comercialización. Finalmente, tanto la Corporación de Reservas Estratégicas como la Generalitat de Catalunya no presentan alegaciones a la propuesta.

De todos modos, el gobierno no tuvo en cuenta estas consideraciones y aprobó a principios de marzo la Orden IET/337/2014 por la que se actualiza el sistema de determinación automática de los precios máximos de venta de los GLP, en la que extiende el período de vigencia del precio máximo establecido el año pasado hasta marzo de 2015.