Uno de estos temas que se me han ido pasando en estas últimas (liadas) semanas es la nueva regulación que ha introducido el gobierno federal de EEUU, por medio de la EPA, para controlar las emisiones de CO2.
Como cuenta Stavins en su resumen, la norma no es tan eficiente como podría haber sido un impuesto al CO2, o un sistema de comercio de emisiones, pero es lo que hay: después de que se cargaran la Waxman-Markey, la regulación via EPA era la única opción que le quedaba a Obama. Por cierto, que es interesante también la reflexión que hace sobre cómo los republicanos, antes a favor, ahora están en contra del cap-and-trade.
La regulación establece límites sobre las emisiones de CO2, y deja que los estados decidan cómo alcanzarlos. Esto da bastante flexibilidad, como subraya Aufhammer. Además, entre las opciones también se incluye la gestión de la demanda, lo cual evidentemente ofrece muchas opciones ventajosas (aunque también presenta problemas de medición de la línea de base, como con cualquier otro programa de offsets, tal como nos recuerda en este caso Fowlie.
La normativa también impone distintos límites para los estados, lo que tiene consecuencias distributivas como cuentan en el MIT Tech Review. Parece que este reparto trata de minimizar los costes de cumplimiento, lo que indicaría que la regulación trata de ser lo más coste-eficiente posible.
Rob Stavins analiza los aspectos económicos (en términos de eficiencia) de la normativa, glosando el análisis coste-beneficio preparado por el gobierno federal, en particular la decisión de utilizar los beneficios globales de la reducción de emisiones (y no sólo los de EEUU).
En todo caso, aunque algunos digan que las reducciones son importantes, como también recuerda Aufhammer, la reducción propuesta no es tan grande como parece. Michael Levi también comenta en el mismo sentido. Supongo que dependerá de los escenarios que uno haga de crecimiento de consumo de electricidad.
Ahora, a esperar qué pasa: como nos cuentan nuestros amigos americanos, dentro de un año, cuando la norma se haga efectiva, los estados opuestos a ella, y numerosos grupos de interés, empezarán a litigar para tratar de tumbarla.
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