El informe, presentado en diciembre de 2011, considera que el sistema de pago por kilometraje es al mismo tiempo prometedor y problemático, ya que presenta una serie de beneficios potenciales, pero también una serie de dificultades. Identifican seis potenciales beneficios:
- Equidad: garantiza que todos los conductores paguen por su uso de las infraestructuras de transporte por carretera.
- Flexibilidad: proporciona un sistema de financiación que es efectivo independientemente de la fuente de combustible elegida por los conductores.
- Sostenibilidad: puede ser más sostenible que los impuestos sobre los carburantes, ya que su recaudación no disminuye a medida que se incrementa la eficiencia de los carburantes y aumentará si se incrementan los kilómetros recorridos por los vehículos.
- Aplicaciones potenciales múltiples: mediante el uso de tipos impositivos diferenciados se podría utilizar como instrumento de política para abordar distintos problemas del transporte, como la congestión, la contaminación o los costes derivados del desgaste excesivo de las carreteras.
- Servicios: en función de cómo se recaude, posiblemente se podrán ofrecer servicios de valor añadido a los conductores.
- Gestión del sistema: dependiendo del modo en que se implemente, se podrá disponer de información más exacta sobre los viajes en tiempo real, lo que permitirá gestionar las horas punta de forma más eficiente.
Por su parte, entre las dificultades que podría entrañar la aplicación de impuestos sobre el uso del vehículo destacan las siguientes:
- Costes: podría ser más caro de introducir y operar que el sistema de recaudación de los impuestos sobre los carburantes.
- Privacidad: la disponibilidad de información sobre los viajes personales puede ser una preocupación para mucha gente.
- Cuestiones jurisdiccionales: puede ser difícil para cada estado gravar a los conductores fuera de sus fronteras, y también podría ser complejo tener sistemas de pago por kilometraje distintos en cada estado.
- Viabilidad: las tecnologías empleadas para la recolección de información sobre los viajes pueden tener vulnerabilidades de precisión, fiabilidad o seguridad.
- Complejidad: dependiendo de cómo se implemente, el impuesto se podría percibir como demasiado complejo.
- Aceptación: muchos decisores políticos y el público en general tienen pocos conocimientos en la actualidad sobre el concepto de gravamen por kilometraje, por lo que podría haber problemas de aceptación pública.
- Uso de la recaudación: la constitución de Minnesota obliga a destinar todos los ingresos derivados del impuesto sobre los carburantes a un fondo utilizado para financiar las carreteras. Dado que la legislación no contempla el impuesto sobre el kilometraje, habría que determinar el destino de su recaudación.
Asimismo, analizaron el modo en que se podría diseñar el sistema, identificando una serie de elementos para los que existen distintas alternativas de diseño:
- Recolección de los datos de distancia recorrida: existen distintas opciones incluyendo inspecciones periódicas de los cuentakilómetros, estimaciones basadas en la eficiencia de carburante del vehículo y en su consumo, o dispositivos de medición electrónicos basados en el GPS o en las torres de telefonía móvil.
- Recaudación del impuesto: se podría realizar mediante pagos con el registro del vehículo (además los impuestos sobre el registro del vehículo y otros se podría incorporar dentro de la estructura del impuesto sobre el kilometraje), pagos en las estaciones de servicio, tarjetas prepago o mediante el envío automático de facturas periódicas a partir de la información proporcionada por dispositivos electrónicos de medición del kilometraje.
- Uso de la recaudación: se podría destinar a financiar las carreteras, a regular el tránsito o para otros objetivos del sistema de transporte.
- Prevención de la evasión: existen distintos métodos, como inspecciones aleatorias o regulares de los cuentakilómetros o de los equipos electrónicos, o el monitoreo electrónico en la carretera.
- Protección de datos: para proteger la privacidad se podrían realizar únicamente lecturas del cuentakilómetros, se podrían guardar los datos en el vehículo y solamente transmitir la cantidad que se ha de pagar por el impuesto, emplear cuentas de usuario anónimas que no revelen la identificación del vehículo, utilizar un cifrado sofisticado de los datos, borrar los datos una vez determinada la cuantía del impuesto, usar tarjetas prepago o contratar la responsabilidad a una entidad no gubernamental que se encargue de proteger la privacidad.
- Servicios añadidos: algunos dispositivos, además de medir los kilómetros, podrían proporcionar otro tipo de servicios incluyendo un seguro pay-as-you-drive para el vehículo, pago electrónico de aparcamientos y peajes, alertas de tráfico e información de seguridad o asistencia de navegación.
- Mantener los costes bajos: identifican varias estrategias para gestionar los costes del sistema, incluyendo el uso de tecnología instalada en fábrica que ya esté siendo producida en masa por algún fabricante, el establecimiento de requisitos de funcionamiento y cumplimiento razonables, la fijación de límites de coste, permitir subsidios a los dispositivos a cambio del derecho a proporcionar servicios de valor añadido, o tratar de conseguir economías de escala debido al gran número de vehículos implicados.
- Retos de transición: identifican una serie de cuestiones que se deben resolver con el cambio de sistema impositivo, como determinar si los impuestos sobre el kilometraje serán un complemento de los impuestos sobre los carburantes o los reemplazarán plenamente; si el sistema estará limitado a determinados tipos de vehículos o abarcará todos los vehículos; si se implementará en uno o varios estados o a nivel nacional; si incorporará los peajes; o el nivel de uniformidad entre los tipos impositivos de los distintos estados.
Su conclusión es que el impuesto sobre el kilometraje es un potencial complemento o una alternativa a los impuestos sobre los carburantes. Se podría crear un sistema de pago por kilometraje que obligase a todos los conductores a pagar su parte proporcional de los costes de las carreteras que fuese lo suficientemente flexible para ser efectivo independientemente del tipo de fuentes de energía futuras que se utilicen en los vehículos. Sin embargo, consideran que en la actualidad el gravamen por el uso del vehículo es muy desconocido para el público y los decisores políticos, y complejo desde el punto de vista técnico y político. Por ello, no recomiendan su aplicación plena hasta que se resuelvan estas cuestiones, pero sí que se continúe avanzando en su estudio.
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