Durante la sesión abierta que ha tenido lugar hoy en la Fundación Ramón Areces dentro del workshop anual que celebra Economics for Energy, Jesús Serrano Landeros, miembro de la Comisión Reguladora de Energía del Gobierno de México, ha presentado las principales características de la reforma energética de este país. Como punto partida de esta reforma se ha optado por aprovechar de las experiencias exitosas de otros territorios, minimizando así las posibilidades de error y aumentando la velocidad de la transición. Otro punto fundamental que se ha querido resaltar es la intención de ofrecer seguridad jurídica a los actores, en particular con aquellos con los que existían contratos firmados, los cuales se han respetado. Por último, el objetivo prioritario ha sido la reducción de los costes, lo cual se persigue a través de la promoción de la eficiencia y de la competencia.
En esta reforma se han definido tres tipos de actores: operadores independientes, tanto para el mercado de la electricidad como del gas; reguladores que vigilen el cumplimiento de las normas establecidas; y los decisores políticos que dicten la política energética del país.
En lo relativo al sector de la electricidad, se separan las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Para ello se divide la CFE (Empresa estatal encargada de producir, transportar, distribuir y comercializar la energía eléctrica) en varias empresas. Está previsto que a finales de este año se ponga en marcha del mercado mayorista. Otro de los cambios es la posibilidad de entrada de nueva capacidad de generación privada. Serrano explicó las ventajas que supone el nuevo modelo eléctrico, donde se optimiza la generación al mejor precio independientemente de la fuente y empresa productora: se establece el despacho competitivo.
Con este nuevo esquema se estima una inversión en los próximos 15 años de 115 mil millones de euros, principalmente dedicados a la implantación de nuevas tecnologías de generación bajas en carbono y más eficientes. Además se implantará un sistema de certificados de energías limpias, que supondrán una segunda fuente de ingresos para los generadores, o mecanismos que recompensen la reducción de la demanda.
Con respecto al mercado del gas, el gobierno mexicano ha creado un programa de infraestructuras nacional que persigue objetivos tales como el aumento de la seguridad energética, o extender la red de gas por todo el país, llegando así a zonas centrales en donde no existe en la actualidad acceso a gas. En este sector energético también permitirá la participación de empresas privadas en la explotación de yacimientos.
Otra de las oportunidades que se desea aprovechar con esta reforma es mejorar los precios de la electricidad con la sustitución de capacidad de generación eléctrica basada en fueloil por capacidad con centrales de gas natural. Esto implica la necesidad de balancear la infraestructura de distribución gasística con la infraestructura eléctrica.
En tercer lugar, con relación a los hidrocarburos se destaca la eliminación de las restricciones institucionales que existían para su extracción. Las reservas de gas y petróleo pasan a estar gestionadas por SENER, que es el gestor encargado de licitar la extracción de estas reservas mediante mecanismos de concurso en los que las empresas privadas podrán competir.
Por último, se diseñan el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo, con el que se pretende inyectar estabilidad en el mercado.
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