Hemos publicado numerosos posts en este blog que tratan sobre los
instrumentos de información, en concreto sobre los sistemas de certificados o
etiquetas energéticas. En ellos describimos los fallos de mercado que
justifican su existencia (la información imperfecta y los fallos de comportamiento),
los diferentes tipos y legislaciones que han ido regulando su implantación
(sobre todo en Europa y los EE.UU.) y, las principales líneas de investigación
académica que tratan de estimar la disposición a pagar de los consumidores por
productos certificados. Sin embargo, nada hemos dicho hasta el momento sobre
cómo reaccionan los productores ante este tipo de políticas. En este post se
resume una parte revisada de la tesis doctoral del investigador Sébastien
Houde, assistant professor de la University of Maryland. En ella se
analiza cómo el sistema de etiquetado energético voluntario establecido por la US Environmental Protection Agency (EPA),
ENERGY STAR, para diferenciar
aquellos productos energéticos con un rendimiento energético superior, influye
sobre la provisión de la eficiencia energética y de los precios en el mercado
de las neveras. Además, realiza una simulación para cuantificar el efecto que
produce este sistema sobre el excedente del consumidor.
Antes de nada es importante repetir que a diferencia del sistema europeo de certificación energética, el ENERGY STAR es voluntario, hecho que determina los resultados obtenidos en este estudio, cuya hipótesis es la siguiente. Cuando los productores pueden distorsionar el diseño y el precio de sus productos en función de un sistema de certificación energética, los beneficios asociados a este tipo de políticas pueden ser inesperados. Es decir, en aquellos casos en los que el diseño de los sistemas de certificación permite al productor poner en marcha diferentes estrategias comerciales para beneficiarse de dicho sistema, pueden producirse efectos distributivos no esperados.
Para contrastar esta hipótesis el autor lleva a cabo un experimento natural
producido por dos eventos que tuvieron lugar en el mercado de las neveras en
los EE.UU. En primer lugar, en el año 2008, la EPA revisó y aumentó los
requisitos necesarios para obtener el certificado ENERGY STAR, lo que supuso que algunos productos perdiesen su
certificado al no cumplir con los nuevos parámetros. Algunos años después, se
detectaron irregularidades en el proceso de certificación de algunos modelos de
neveras, lo que produjo una nueva retirada de los certificados
correspondientes.
A partir de un modelo de diferencias en diferencias, y controlando por el
resto de atributos de los productos, el estudio muestra que gracias a los
certificados, los productores realizan una diferenciación mayor de sus
productos con relación a su nivel de eficiencia energética, agrupándolos en dos
tipos: los que cumplen con el mínimo establecido por la ley, y los que
consiguen el certificado, y fijan precios más altos por estos últimos que les
permitan obtener mayores margen de beneficios. Este hecho es posible gracias a que
algunos consumidores sobrevaloran los productos certificados. Es decir, el
sistema de etiquetado voluntario les permite realizar una diferenciación de sus
productos más grande con la que se apropian del excedente de los consumidores. Los
efectos sobre el excedente se basan en los resultados de una simulación que
sugiere que los consumidores, sin embargo, estarían mejor en un mercado sin
certificación en donde los productores ofrecen neveras que cumplen los
requisitos de rendimiento energético que marca la ley, con solo unos pocos
excediendo dicho nivel. Es decir, según sus resultados, en un mercado de
neveras sin certificados voluntarios existe menos diferenciación, hay mayor competitividad,
se reducen los márgenes de beneficio de los productores y aumenta el excedente
de los consumidores que pagan precios más bajos, aunque con un nivel de
eficiencia energético menor.
En un momento en el que las políticas de información están atrayendo mucho
interés, es muy interesante seguir esta línea de investigación, que aporta una
nueva dimensión a la evaluación de las políticas públicas de información, que
hasta el momento se han centrado en investigar la respuesta de los consumidores
ante la provisión de información, dejando a un lado la respuesta de los
productores, y sus efectos sobre el bienestar.
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