Informe de la OCDE sobre la economía española

El pasado 8 de septiembre la OCDE presentó en Madrid su informe bienal sobre la economía española. El documento, titulado OECD Economic Surveys. Spain, realiza un análisis de la situación económica de España y formula una serie de sugerencias para mejorar su evolución en los próximos años, estudiando distintos ámbitos de la economía, incluyendo el sector energético.
Así, en relación a la energía, en primer lugar se examina el déficit de tarifa del sector eléctrico. Explican que los costes del sistema se incrementaron desde mediados de la década pasada debido a proyecciones de demanda incorrectas y a la elevada inversión en renovables, dando lugar a un elevado exceso de capacidad en la comparación internacional. Como resultado, el déficit de tarifa acumulado hasta 2012 está en torno a los 27.000 millones de euros, equivalente a un 3% del PIB. A pesar de las medidas introducidas por el gobierno en los últimos años, el déficit sigue existiendo, alcanzando los 3.100 millones de euros en 2013, por lo que consideran que para que las reformas introducidas tengan éxito debe aplicarse estrictamente la regla de “cero costes nuevos sin un incremento equivalente de los ingresos”. Asimismo, se sugiere que el regulador debería aplicar modelos de costes transparentes a la hora de determinar los precios regulados en el sistema eléctrico, como es el caso de los precios que deben abonarse por el uso de la red; mientras que los estándares y los mecanismos de compensación deberían monitorizarse y evaluarse regularmente para garantizar su consistencia con las condiciones del mercado y la situación económica.
Por otra parte, el informe considera que el desarrollo de tecnologías, productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente puede suponer una oportunidad importante para el sector empresarial español. En este sentido, consideran que resulta prometedor el fuerte incremento en las solicitudes de patentes ecológicas presentadas por España en el período 1999-2008, especialmente las relacionadas con las energías renovables, destacando las vinculadas con la energía solar. Así, explican que ha habido un crecimiento constante del consumo primario y final de energías renovables en España, asociado principalmente a los biocombustibles y los residuos, así como a las energías eólica y solar. De este modo, las energías renovables pasaron de representar el 7% de la energía primaria total en 1990 a suponer el 12% en 2012, mientras que en la generación de electricidad el incremento fue desde el 17,2% en 1990 hasta el 29,5% en 2012, contribuyendo a desacoplar el crecimiento del PIB de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ha permitido que España sea uno de los países con menor intensidad de emisiones de la OCDE, si bien los combustibles fósiles siguen representando el 76% de la oferta energética. En este contexto, sugieren un diseño cuidadoso de las políticas para maximizar su efectividad y minimizar sus costes, incluyendo los costes fiscales. Por ello, consideran que los instrumentos de mercado deberían ser las principales herramientas de política, si bien complementándolos con regulaciones y otros instrumentos de política. Asimismo, el gobierno debería continuar fomentando la entrada de nuevas empresas con tecnologías más respetuosas con el medio ambiente mediante un mejor uso de la tributación, los subsidios y otros instrumentos para garantizar que los precios del mercado reflejen más fielmente los costes y beneficios ambientales de las distintas actividades.
También sugieren diseñar políticas que proporcionen marcos estables para la inversión en actividades con bajas emisiones de carbono, de modo que se consiga atraer inversión privada. Sin embargo, consideran que las políticas de renovables que se han llevado a cabo hasta ahora en España, si bien han permitido un rápido incremento en el porcentaje de renovables en la generación eléctrica, son un modo caro de reducir las emisiones en comparación con el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones. Además, los costes de las medidas para fomentar las energías renovables deberían repercutirse íntegramente a los consumidores y reducir al mínimo los costes fiscales. En este sentido, el incremento de la capacidad de interconexión contribuiría a mitigar estos costes. Con respecto a los sectores no incluidos en el comercio de derechos de emisión, para reducir sus emisiones al menor coste posible sugieren, en primer lugar, avanzar hacia una homogeneización del precio de las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo que proponen utilizar impuestos y tasas. En particular, consideran que el gobierno debería incrementar la tributación del litro de diésel hasta niveles por encima de los que gravan el litro de gasolina, al ser las emisiones de CO2 por litro del diésel mayores que las de la gasolina (aunque las emisiones por kilómetro son menores).
Finalmente, dentro de las medidas para fortalecer la competencia, consideran que existe margen para mejorarla en el mercado de la electricidad, al tratarse de un sector, en gran medida, integrado verticalmente. En este sentido, para que la reforma eléctrica permita una dinámica más competitiva de los precios del sector, será necesario fortalecer la competencia entre los participantes y mejorar las posibilidades de entrada.
Otra información interesante que se puede extraer del estudio relacionada con el sector energético español es la oferta energética per capita en 2012, que fue de 2,7 toneladas de petróleo equivalente, frente a las 4,2 de media de la OCDE, el porcentaje de renovables en esa oferta, que supuso el 11,9% de la misma (por encima del 8,5% de media en la OCDE), o las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles per capita en 2011, que alcanzaron las 5,9 toneladas, muy por debajo de la media de la media de 9,9 toneladas en el conjunto de la OCDE.